La S&P demoró diez años para dar la citada calificación a Paraguay y con ello, las tres principales empresas internacionales que miden el riesgo crediticio de los países ubican a Paraguay a solo una nota para pasar de grado y llegar a la escala de inversión.
Con la nota BB+ Paraguay permanece en el rango de fuera del grado de inversión. En otras palabras, invertir en el país implica un mayor riesgo y en consecuencia las tasas de interés que se pagan son más altas.
Por de pronto, es difícil pensar que el Paraguay pueda lograr este año la nota que le falta y saltar a la escala de inversión, debido a que hay importantes tareas que se deben cumplir para poder obtener la calificación que le permita al país ingresar en el primer grupo de elegibles para inversión.
Efectivamente, existen tres grupos de grado de inversión. El primero es denominado “bajo grado de inversión”. Esta es la escala inmediata al que puede acceder Paraguay una vez que se le aumente de nuevo la nota.
La siguiente escala que se tiene es el de “grado medio”. La siguiente escala es de “alto grado de inversión”.
Por de pronto, las autoridades están conforme con la nota asignada y resaltan que pese a no llegar aún al grado de inversión, el país ya accede a tasas que habitualmente consiguen los países con calificación de grado de inversión.
Los indicadores macroeconómicos, como crecimiento del producto interno bruto, la inflación, el déficit fiscal, son puntos que se tuvieron a favor para obtener la nueva puntuación. Sin embargo, hay importantes tareas que el Gobierno debe encarar si desea seguir mejorando su nota en los próximos años.
En ese sentido, las empresas calificadoras mencionan la necesidad de fortalecer las instituciones gubernamentales, garantizar la independencia de los poderes y, por sobre todo, la seguridad jurídica para que los inversionistas puedan radicar sus capitales en el país.
Otro punto en el que insisten las calificadoras es la necesidad de seguir con los planes de reforma estatal, especialmente en lo relacionado con el gasto público, la ley del servicio civil (funcionarios públicos) y la reforma del sistema de seguridad social. Todos estos aspectos están actualmente en debate tanto en el Congreso Nacional, para la aprobación de leyes, como en el ámbito del Ejecutivo y el sector privado a fin de conseguir puntos de coincidencias que permitan llevar adelante estos cambios dentro de la estructura estatal.
Otro de los factores que juegan en contra de la calificación de riesgo país es la alta dependencia de la economía de los factores climáticos. Esto considerando que gran parte de la economía se base en la agricultura y la ganadería, sectores que son muy sensibles a eventos como sequía o lluvias excesivas.
A la par, una mejora en la calificación del país, los analistas también recomiendan contar con ambiciosos programas o proyectos de inversión que puedan atraer a los capitalistas.
Por de pronto, la mejora de la calificación básicamente permitirá al Gobierno acceder a nuevos créditos, lo que a su vez implicará un mayor endeudamiento. Aunque tampoco se puede descartar que empresas internacionales se muestren más abiertas a financiar proyectos de inversión en infraestructuras con garantía del Estado.
Al Gobierno actual le quedan por delante más tres años de gestión para encarar mejoras en el riesgo país, que es factible lograrlo siempre y cuando las condiciones políticas y económicas así lo permitan. Por ahora, hay que repasar la lección y afinar la punta del lápiz para alcanzar la nota que está faltando.
