Editorial

Falta mayor responsabilidad en manejo de recursos para obras

La mirada sobre la corrupción y la baja calidad del gasto suele estar centrada en el gasto corriente; sin embargo, el seguimiento a las obras de infraestructura muestra que estos problemas también se observan en el gasto de capital y, lo que es peor, muchos financiados con endeudamiento a largo plazo. Las autoridades deben tomar conciencia de esta situación e implementar las medidas tendientes a reducir los riesgos y penalizar no solo los hechos ilícitos, sino también la desidia y la falta de responsabilidad de funcionarios públicos. Es inaceptable el mensaje de impunidad que recibe la ciudadanía, al ver que no hay consecuencia personal por el mal manejo de los recursos para obras públicas.

Los sobrecostos, las renegociaciones de contratos, los errores de cálculos, así como también los que se cometen durante los procesos de adquisiciones, muestran que en dos o tres obras de infraestructura las pérdidas para el país pueden llegar a cifras exorbitantes. A tanto llega que estas cifras pueden ser incluso equivalentes a programas o rubros de relevancia para la calidad de vida de las personas.

Teniendo en cuenta la baja inversión de Paraguay en rubros determinantes para una gestión de calidad, y para la vida de la gente, como medicamentos e insumos hospitalarios, alimentación escolar, equipamiento de colegios técnicos o educación inicial, agua potable, entre otros, una mala gestión en dos o tres obras públicas significa el desperdicio de dinero que podría haberse destinado al financiamiento de estos bienes o servicios.

A pesar de los montos que se manejan, no existen mecanismos para reducir los riesgos de corrupción e ineficiencia ni se penalizan los casos. Si bien se anuncian cambios en las oficinas dedicadas a las licitaciones y adjudicaciones, los funcionarios solo son movidos de lugar, pero reubicados en otros y unos años o incluso meses después, resulta que están en otro cargo tanto o más importante que el anterior.

Es decir, no hubo ninguna consecuencia personal.

Lo que es más grave, muchas de las obras de infraestructura generaron deudas que serán pagadas por el país, es decir, por la ciudadanía, en el futuro. Una ciudadanía que probablemente no verá su calidad de vida mejorada, pero sí tendrá que pagar con sus impuestos una obra que, por ejemplo, en el caso del Metrobús no existirá.

Las autoridades del Poder Ejecutivo son responsables de implementar acciones para disminuir la probabilidad de corrupción, penalizar duramente a los funcionarios irresponsables y garantizar que cualquier hecho ilícito pueda ser enviado al Poder Judicial y que este cuente con los medios para probar y castigar duramente a los culpables.

Es lamentable que las instituciones y autoridades responsables tanto de los ministerios que tienen algún tipo de competencia en las obras, ya sea estableciendo reglas y controlando o implementándolas, no estén actuando para prevenir y castigar casos de corrupción o de mala gestión.

Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial tienen responsabilidad en la mala calidad de las obras y, como resultado, de la pérdida de recursos públicos.

Cada año estamos invirtiendo más en infraestructura para cerrar las brechas que nos separan del resto de los países vecinos.

Para eso nos estamos endeudando a un ritmo que ya es casi insostenible, teniendo en cuenta que la proporción de deuda destinada a pagar deuda es cada vez mayor.

Es decir, la irresponsabilidad en el manejo de recursos para la infraestructura no es solo un problema del presente, sino fundamentalmente del futuro, lo cual implica un problema ético y de equidad, ya que las consecuencias serán pagadas por las futuras generaciones sin haberse beneficiado con las obras.

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