Pese a haber sido anulada, la polémica acta bilateral que firmaron las cancillerías de Paraguay y Brasil, para la contratación de potencia de Itaipú en el periodo 2019-2022, ha abierto una serie de nuevas interpretaciones en el ámbito energético. El debate entre técnicos y políticos pone en duda varias aseveraciones que se creían años atrás sobre el Tratado y el funcionamiento de la hidroeléctrica. Y, como es de esperarse, aparecieron muchos mitos, producto de los intereses partidarios.
Es importante aclarar que este fue meramente un impasse operativo, el cual llegó al ámbito de la Cancillería por expreso pedido del Brasil y no tiene directa relación con la revisión del Anexo C del Tratado, cuyas conversaciones deben darse más adelante y en donde sí deben dirimir directamente los representantes diplomáticos. El conflicto entre ANDE y Eletrobras tuvo sus primeros episodios en setiembre del año pasado, cuando la empresa paraguaya informó sus niveles de contratación para el 2019, información que no agradó a la firma brasileña. Más aún teniendo en cuenta que en junio, julio y setiembre el suministro a Eletrobras no alcanzó los valores de la energía garantizada asociada a su contrato. Itaipú luego compensó esta faltante, pero los brasileños igual descontaron USD 54,9 millones del pago, deuda que no reembolsaron hasta la fecha. CAMBIO DE GOBIERNO Ya en enero de este año, y coincidentemente con la asunción del presidente Jair Bolsonaro, Eletrobras comunicó que no le parecían acertados los niveles de contratación de la ANDE y denuncia una asimetría, dado que los paraguayos no aumentaron sus niveles de potencia garantizada (más cara) en tres años, pero sí venían utilizando más energía adicional a la garantizada (más barata). No obstante, esto estaba explícitamente permitido por el acuerdo que firmaron en el 2007 los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos y Luiz Inácio Lula da Silva. La intención del país limítrofe era eliminar los beneficios que recibía Paraguay con ese documento. Además, en repetidas ocasiones, las autoridades brasileñas de Itaipú manifestaron su interés de revisar varias compensaciones que se enviaban a nuestra parte, como son el pago por cesión de energía y royalties. Al no haber arreglo por la contratación de la binacional, ambas compañías se dan una tregua de 90 días en febrero, para seguir manteniendo los niveles informados mientras persiguen un acuerdo. Es decir, ANDE iba a contratar como propuso. Pero ese plazo es cancelado antes de tiempo, puesto que Brasil solicitó la definición por la vía diplomática. En el medio, el lado brasileño de Itaipú advierte con que los pagos por cesión de energía y royalties corren riesgo, si no hay acuerdo. Allí es donde ingresan a negociar el ex embajador de Paraguay en la nación vecina, Hugo Saguier Caballero, con asesoramiento de los técnicos de la ANDE, a priori. Pasó el tiempo y los funcionarios de la estatal fueron dejados de lado, ya que sus sugerencias no eran tenidas en cuenta, mientras que casi todas las pretensiones brasileñas se iban poniendo sobre la mesa. Finalmente, el acta bilateral se firmó el 24 de mayo, sin conocimiento de la ANDE, lo que terminó en la renuncia de Pedro Ferreira como presidente de la estatal; del canciller Luis Castiglioni; Saguier Caballero, y directivos de Itaipú. La firma local aseguró que la imposición en sus niveles de contratación iba a representar un sobrecosto de USD 250 millones hasta el 2022. Una de sus propuestas era justamente recibir USD 200 millones de Itaipú, algo que no se terminó plasmando en el acta. MÁS COMPLICADO La renegociación del Anexo C implica un escenario mucho más complejo y restará ver cómo llegan las partes a este encuentro. La deuda de Itaipú se cancelará, si se respeta el cronograma fijado en la administración de James Spalding, ya en el 2022. Esto abre una serie de posibilidades para ambos países. Como el pasivo no existirá más, la hidroeléctrica ya no necesitará tener la recaudación actual para pagar el compromiso. Lo primero que sucederá es una importante caída de la tarifa de potencia de la entidad, la cual hoy es de USD 22,6 el kilovatio mes (kW-mes). El precio se reduciría en un 50% aproximadamente y, por ende, el costo para la ANDE será mucho menor. Sin embargo, los dos países pueden acordar mantener la tarifa actual e incluir un nuevo componente de gasto en el costo de Itaipú para reemplazar al servicio de la deuda, de manera a distribuir equitativamente el dinero a sus respectivos tesoros. Hoy se pagan USD 2.000 millones al año por la deuda, lo que significa que Paraguay podría embolsarse USD 1.000 millones anuales desde el 2023. Aquí existen diversos planteamientos. El sector político ve interesante ingresar el dinero adicional, mientras que los técnicos del sector energético creen que sería más conveniente bajar los costos y permitirle a la ANDE vender su producto, tanto en el país como en el exterior. La Academia propuso constituir un fondo soberano, ya sea con los USD 1.000 millones adicionales o con los ingresos que genere la ANDE con la venta de su excedente. VENTA A TERCEROS Un mito que se ha difundido en las últimas semanas y ha generado confusión guarda relación con la venta de la energía paraguaya no utilizada a terceros países. Vale la pena señalar que el Tratado de Itaipú, en su artículo 13, establece el derecho de adquisición para la otra parte (Brasil), en caso de que una parte (Paraguay) no consuma la porción que le corresponde. Sin embargo, el artículo 14 indica que “la adquisición de los servicios de electricidad de la Itaipú se realizará por Eletrobras y por ANDE, que también podrán hacerlo por intermedio de las empresas o entidades brasileñas o paraguayas que indiquen”. Este punto ha abierto la posibilidad para que la empresa paraguaya pueda vender su energía en el mercado brasileño. De hecho, cuando Pedro Ferreira aún estaba al frente, la ANDE hizo una convocatoria a expresiones de interés. La intención era que las empresas nacionales e internacionales acerquen sus propuestas para comprar la energía paraguaya. Se podría utilizar en el territorio o enviar. Es por ello que la ANDE intentó poner en el acta bilateral el ítem 6 de su propuesta, con el fin de comercializar en el mercado brasileño 300 megavatios (MW) de potencia como mínimo. Como estos dos artículos forman parte del cuerpo principal del Tratado, no del Anexo C, pueden ser negociados en cualquier momento, siempre y cuando haya voluntad de los gobiernos. Otro aspecto a tener en cuenta es que el acuerdo Fernando Lugo-Lula del 2009 también indica en su punto 6 que ANDE puede gradualmente ir comercializando su energía en el mercado brasileño.
