La audiencia se realizó ayer ante el juez de Garantías, Raúl Florentín, en forma telemática, donde se levantó la rebeldía y la orden de captura que pesaba sobre él desde el año 2003, específicamente por el caso de los Fondos Mutuos del Banalemán. Se fijó el requerimiento conclusivo para el 3 de julio.
Está imputado desde el 25 de febrero de 2003, por supuestos hechos de lesión de confianza, conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situaciones de crisis y promoción fraudulenta de inversiones.
Sus defensores, Guillermo Duarte Cacavelos y Alba Zaracho, pidieron el arresto domiciliario, ya que la ley prohíbe la prisión preventiva de mayores de 70 años.
Además, ofrecieron la millonaria caución consistente en un CDA de USD 1.000.000, para garantizar que Peirano no se sustraería del procedimiento penal que se le sigue en nuestro país.
Peirano Basso ya cumplió su pena en el Uruguay, y ahora fue extraditado para responder por la única causa que tiene en nuestro país.
Por su parte, el fiscal Silvio Corbeta estuvo de acuerdo con el arresto domiciliario, más la caución requerida.
El juez admitió el arresto domiciliario e impuso una caución juratoria, que debe ser sustituida por una caución real por el citado monto. El CDA, constituido en el Banco Interfisa, es válido hasta el 3 de junio, por lo que se pide que su vigencia sea prorrogada.
Según su defensor, Peirano sería beneficiado con el acuerdo al que llegó su hermano José Peirano Basso, al reparar el daño con las víctimas. En ese caso, este fue condenado con suspensión de la ejecución de la pena, a la fecha ya cumplida.
