En un informe de su página web, esta unidad hace un repaso de los delitos confesados por los exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desde que se acogieron a Justicia y Paz, el marco legal creado en 2005 para facilitar la desmovilización de los grupos armados de ultraderecha.
Se contemplaba una reducción de penas para delitos de lesa humanidad a cambio de colaboración judicial.
Según el documento, el total de hechos delictivos confesados fue de 39.546, en el que resultaron afectadas 51.906 víctimas.
Además, se han remitido a la justicia ordinaria 12.869 expedientes de políticos, miembros de las fuerzas armadas, funcionarios y desmovilizados que participaron en los crímenes.
Entre los delitos, además de masacres y homicidios, los paramilitares desmovilizados documentaron el desplazamiento forzado de 11.132 personas, de 3.551 de desapariciones, de 1.916 secuestros, de 1.618 reclutamientos ilícitos, de 773 torturas y de 96 casos de violencia sexual.
Además, 65 reconocieron haber participado en la fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.
Como consecuencia de las confesiones, las autoridades de la Fiscalía han exhumado 3.929 fosas y han hallado 4.809 cuerpos, de los que 1.994 han sido plenamente identificados y 1.813 entregados a sus familiares.
Asimismo, los laboratorios analizan las muestras de ADN de otros 748 cuerpos y 181 plenamente identificados esperan a ser devueltos a las familias.
De un total de 2.199 postulados, Justicia y Paz indicó que se han dictado 14 sentencias, 11 están en “incidente de reparación” y a 128 se les ha realizado audiencia de cargos.
También hay 1.126 sobre los que se presentó escrito de solicitud de audiencia de imputación, 628 pendientes de sesión de formulación de cargos y 292 a la espera de una audiencia de control de legalidad.
En el proceso de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), se desmovilizaron más de 30.000 paramilitares en Colombia y una buena parte se acogió a los beneficios del marco legal aprobado en 2005.
Sin embargo, el fiscal general, Eduardo Montealegre, anunció el pasado 13 de diciembre que 345 exparamilitares serán excluidos de la Ley por incumplir su compromiso de confesar la verdad sobre los crímenes que cometieron, en parte porque algunos los siguen perpetrando.
De este modo, este grupo que incluye hasta ocho exjefes, pasará a ser juzgado por la justicia ordinaria y se enfrentará a penas de unos 60 años, frente a los 5 u 8 años de prisión que podrían pagar por delitos de graves de violaciones a los derechos humanos según el marco jurídico de Justicia y Paz.
Según el fiscal, en este grupo hay detenidos, exparamilitares que nunca comparecieron, algunos que distorsionaron los hechos, otros que están en paradero desconocido, los que “no contribuyeron a la entrega de bienes y los que siguen delinquiendo”.
De quienes han cumplido con su parte del compromiso, según la Unidad de Justicia y Paz, 1.173 han pedido perdón en las versiones libres transmitidas en directo, 1.083 se han arrepentido públicamente, 313 han restablecido la dignidad de las víctimas y 1.143 han prometido no volver a delinquir.
