Mediante un comunicado y una serie de movilizaciones, los integrantes de la Red Nacional por el Derecho a la Alimentación plantearon algunas recomendaciones para la reglamentación de la normativa sancionada por el Congreso.
Los integrantes de la organización plantean que la compra de los insumos garantizados en el marco de la ley de apoyo a ollas populares se realice de la agricultura familiar. Proponen que la entrega de los insumos sea en coordinación con los referentes de los servicios activos.
La organización además pide una participación directa dentro de los procesos de compra, de modo a garantizar la transparencia de los mismos. Asimismo, plantean el uso de planillas para el registro de las ollas populares existentes.
Los organizadores de ollas populares piden una mesa de trabajo de modo a elaborar la reglamentación de la ley y la rápida implementación de la misma.
La Red Nacional por el Derecho a la Alimentación está integrada por la Articulación Bañadenses de Ollas Populares, el Movimiento Patria Nueva, Conamuri, Cobat, comunidades indígenas y grupos vecinales varios.
Todas estas organizaciones llevan adelante ollas populares comunitarias con las que se beneficia a alrededor de unas 100.000 personas de sectores vulnerables, principalmente durante la pandemia del Covid-19.
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Ley de apoyo a ollas populares
El proyecto de ley de apoyo y asistencia a las ollas populares organizadas en todo el territorio nacional durante la pandemia del Covid-19 fue aprobado por el Congreso el pasado mes de agosto.
La normativa contempla que el Estado financie la compra de insumos alimenticios para el apoyo y asistencia de ollas populares, en la que se incluye a familias indígenas, así como la provisión de kits de alimentos a familias aisladas con Covid-19.
Para el financiamiento del mecanismo de apoyo se faculta al Poder Ejecutivo a la utilización del saldo no ejecutado de la línea de crédito aprobada mediante la Ley de Emergencia Nacional a ser destinado a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).
A la SEN se le otorgará la suma de G. 15.000 millones, al Ministerio de Desarrollo Social la suma de G. 10.000 millones y al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) G. 10.000 millones. Se estima que la ayuda llegará a unos 1.700.000 paraguayos que no tienen acceso a la canasta familiar.
