La solicitud a los agentes fiscales del caso presentado por los abogados Felino Amarilla y Jorge Rolón Luna señala que Cartes no ha prestado declaración testifical hasta la fecha, siendo él mismo el denunciante de la Causa N°6898/2023 caratulada: “Carlos Arregui y otros sobre denuncia falsa y otros”.
También piden la declaración indagatoria de la ex fiscal y actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, considerando que, siguiendo la hipótesis fiscal, se desempeñaba como punto focal ante la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG), por parte del Ministerio Público, tiempo en el cual se habría divulgado, supuestamente, el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá.
CONTRADICCIONES. “Con relación a esta solicitud de diligencia, resulta importante traer a colación el informe que había solicitado el agente fiscal Aldo Cantero a la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz Recalde, sobre los puntos de contacto de la RRAG en las distintas instituciones respectivas”, dice la nota.
Recordaron que Alcaraz dijo que el punto de contacto de la Fiscalía, entre junio del 2021 y febrero del 2022, fue la fiscala Josefina Aghemo.
“Sin embargo, en su declaración testimonial, el comisario Luis López señaló que, en dicho periodo, él se desempeñaba como punto de contacto por la Policía Nacional y la entonces agente fiscal Liliana Alcaraz por el Ministerio Público”, señala el escrito.
TESTIMONIOS Y PAPELES. Además de lo señalado, los abogados defensores solicitan que la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio Público remita copia de la renuncia al cargo como agente fiscal de Josefina Aghemo, así como la decisión relativa a la aceptación de la renuncia, o en su defecto, el trámite que se imprimió para efectivizarla.
También piden que la propia ex fiscala anticorrupción Josefina Aghemo preste declaración testimonial respecto a lo señalado.
Por último, los representantes legales de los acusados requirieron un informe sobre el listado de la totalidad de las causas en las cuales ha intervenido el agente fiscal Giovanni Grissetti, desde que asumió en sus funciones.
Alegaron artículos del Código Procesal Penal y de la propia Constitución Nacional para impulsar dichas peticiones, y solicitaron además ser notificados y participar de las diligencias.
