Además, la pérdida en promedio del sistema este y, en particular, Ciudad del Este, Hernandarias, entre otros, en los últimos 10 años.
También sobre las mejoras en algunas subestaciones, y la energía vendida, en detalle.
En el caso específico de Quiindy, se consulta sobre el aumento de la demanda y la justificación de la operación de una criptominería ilegal durante 8 meses, sin que funcionarios de la ANDE se hayan percatado de la situación. Lo mismo en el caso de la subestación de Santo del Guairá, en Canindeyú.
Se solicita la lista de nombres de los jefes de las agencias regionales, de las áreas comerciales y de los de control de pérdidas, y que se especifique si existen sumarios durante la administración de Sosa.
Se exige además al titular de la ANDE que explique el motivo de la suba de la tarifa para las criptomineras legales, con la presentación del detalle del estudio tarifario y del estudio de mercado; y si hubo una reunión previa con el sector antes de decidir el aumento.
