El grupo de Familias por la Educación Integral en Paraguay (Feipar) presentó este martes ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) una nota dirigida al ministro Nicolás Zárate, mediante la cual exigen la anulación inmediata de la resolución que prohíbe la difusión y utilización de materiales impresos y digitales referentes a la “ideología de género”.
El pedido se argumenta en que el documento habla de “ideología de género”, pero que no se definen su significado y alcance, por lo que funciona “como un instrumento que limita la libertad de cátedra y propiciando una situación de inseguridad jurídica que atenta contra la libertad de enseñar y la de aprender”.
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“Si bien el MEC debe generar mecanismos para involucrar a las familias en el proceso educativo, el rol y mandato que el Ministerio posee de rectoría y de garante constitucional del derecho a la educación, no puede ser delegado”, señala el texto.
Asimismo, refiere que la resolución “atenta contra el derecho de los estudiantes a formarse e informarse sobre aspectos relacionados con la cultura de la paz, igualdad, la no discriminación, la protección y el interés superior de niños, niñas y adolescentes garantizados en la Constitución Nacional”.
Al final de su escrito, la Feipar lamenta que con dicha resolución también se evita que los alumnos cuenten con herramientas para prevenir violencias de género, ya que se presta a la interpretación y que afecta conceptos como el “enfoque de derechos”, el “enfoque de género”, la “interculturalidad” y la “inclusión”.
Finalmente, instaron a todas las personas y organizaciones a sumarse a la acción para lograr la anulación de la resolución, a través de notas remitidas al MEC.
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Días pasados, el MEC anunció que abrirá una investigación interna sobre posibles distribuciones irregulares de “contenido prohibido” y recordaron que sigue vigente la prohibición del uso y difusión de materiales que contengan “ideología de género” en escuelas y colegios de todo el país.
Esto, tras denuncias de supuestos materiales de ese tipo que fueron distribuidos en instituciones educativas, tras lo cual también se dio el pedido de organizaciones de la sociedad civil para la derogación de un convenio con la Unión Europea, mediante el cual se accede a aportes para el sector educativo.
