14 jul 2026

Ex ministra de Justicia: “Se prioriza en uniformes y no en seguridad perimetral”

Luego de la fuga de dos reos de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, la ex ministra de Justicia Cecilia Pérez afirmó que se están destinando recursos a aspectos “que no son prioridad del nuevo sistema penitenciario”, como los uniformes. Además, señaló que la penitenciaría cuenta apenas con el 34% del personal penitenciario necesario. “No se puede tener una cárcel habilitada con menos de la mitad del personal requerido”, cuestionó.

30493856

Análisis. La abogada Cecilia Pérez habla de las fallas del nuevo sistema penitenciario.

Renato Delgado

La nueva fuga de dos internos del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú durante la madrugada de este lunes evidencia nuevamente que no se sigue priorizando en la seguridad perimetral. Al respecto, la ex ministra de Justicia Cecilia Pérez cuestionó que se sigan con los mismos errores del viejo sistema penitenciario.

El Ministerio de Justicia salió al paso sobre la fuga de internos, exponiendo que no tienen presupuesto para cubrir todo el perímetro del penal considerado de máxima seguridad. Según Pérez, hay 13 garitas y se necesitan 13 funcionarios que cubran todos esos puestos, e incluso más, por si alguien falta, como ocurrió esta madrugada, motivo por el que no estaban todos los puestos de control cubiertos.

Expuso que hoy se están gastando en elementos “que no son prioridad del nuevo sistema”. Específicamente se refirió a los uniformes penitenciarios que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) adquirió con financiamiento de la Itaipú Binancional.

Cárcel de máxima seguridad Minga Guazú fuga.png

Cámaras de seguridad captaron el momento en que uno de los internos cortaba el tejido perimetral para fugarse.

Foto: Captura de video-Npy.

Ver más: Dos presos escapan de cárcel de máxima seguridad en Minga Guazú tras cortar tejido con alicate

La licitación de por sí ya estuvo marcada de críticas, ya que en el 2025, se anuló la primera compra a unos USD 61 (unos G. 406.526) por unidad y realizó un nuevo llamado donde el precio por uniforme trepó a USD 66 (unos G. 439.848).

“Si tenés dinero para el uniforme, ¿por qué no para el perímetro? El presupuesto del Ministerio Justicia aumentó (8,78% en el 2025). Lo que hay que saber es en qué están gastando para demostrar que realmente hay una nueva política penitenciaria”, explicó.

“Es el modelo viejo replicado en nuevas infraestructuras”, cuestionó.

Además, habría que confirmar si realmente se hicieron esos uniformes y cuánto se gastó en eso, dijo.

¿Agua y seguridad en segundo plano?

Recién el 28 de noviembre de 2025, el Ministerio de Justicia anunció la apertura de la nueva planta de tratamiento de agua potable (PTA) de la cárcel de Minga Guazú, “garantizando por primera vez el abastecimiento permanente y de calidad”, también con financiamiento de Itaipú.

Ver también: La Policía difunde rostros de los reclusos fugados para recapturarlos

Antes, solo se hacía un abastecimiento temporal por día, por lo que Cecilia Pérez también cuestionó que se les haya puesto agua recién un año después de habilitar el centro. “Es tan importante el uniforme antes que el agua o la calidad del personal”, criticó.

Menos de la mitad del personal necesario

La ex ministra recordó que el presidente de la República, Santiago Peña, explicó que Minga Guazú tiene solo el 34% del personal penitenciario que necesita el reclusorio. “No podés tener una cárcel habilitada con menos de la mitad de funcionarios necesaria”, dijo.

“Una persona que tenía que estar y que no estuvo. Si no era la policía que advierte, no se iba a saber. Hay varias fallas del personal que está ahí y de las direcciones de quienes dirigen los penales, de personas que no tienen conocimiento en seguridad”, cuestionó.

También expuso que los nuevos centros debían estar totalmente desvinculados del sistema actual. Sin embargo, hoy el mismo director de Establecimientos Penitenciarios maneja todo, el sistema viejo y el sistema nuevo.

“Así no hay un desglose del nuevo sistema como para darle prioridad y eso también provoca que se contaminen. Si se siguen los mismos esquemas en el sistema de hoy, la misma política, eso contamina todo el funcionamiento de los nuevos centros”, aseveró Pérez.

UHINT20290101-006amilitar,ph02_27308.jpg

Penitenciaría. El penal de máxima seguridad de Minga Guazú.

Recordó que es importante esa separación de las administraciones para la política del nuevo modelo y sin esa división “no es saludable”, advirtió.

Por último, descartó que sea la Policía la encargada de controlar la seguridad perimetral, ya que los agentes policiales deben estar de refuerzo. “La fuga estaba claramente planificada y su (departamento de) inteligencia no está funcionando”, lamentó.

“Sabían bien a dónde irse, a dónde cortar, porque seguramente ya venían cortando o alguien ya les avisó”, mencionó la abogada, respecto a los sitios por donde pasaron los internos, burlando los controles de seguridad sin ser detectados, para ganar la calle. Sostuvo que es imposible salir sin complicidad desde adentro.

Más contenido de esta sección
El Tribunal de Sentencia, que juzga al ex intendente Armando Gómez y a otros coprocesados, rechazó la mayoría de los incidentes planteados por las partes, en el juicio oral por el presunto desvío de G. 9.317 millones de la Municipalidad de Lambaré. Entre los incidentes había una excepción de incompetencia, con lo que decía que los jueces no debían ser los que juzguen el caso.
El Tribunal de Sentencia Especializado confirmó el rechazo del pedido de la defensa de José Alberto Insfrán Galeano, conocido como Pastor Insfrán, de trasladarlo al módulo 4, destinado a los procesados, dentro del Penal de Máxima Seguridad Martín Mendoza. Ahora, el recurso deberá ser estudiado por el Tribunal de Apelación Penal.
Fin de la pesadilla. Diana Rojas se reencontró con su pequeña hija tras horas de desesperación.
Procesado. Francisco Bustos, padre de la niña, quedó detenido en la Argentina y ya fue imputado.
La condena de 10 años de cárcel para el ex gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, fue ratificada por la Sala Penal de la Corte, que declaró inadmisible el recurso de casación planteado contra el fallo.
La Sala Penal de la Corte ratificó la pena de 3 años de cárcel para Justo Rubén Ferreira Servín, ex presidente de la firma Insumos Médicos SA (Imedic), por contrabando de camas hospitalarias durante la pandemia, y la absolución de los demás encausados.
Oposición. La Fiscalía Adjunta rectificó dictamen de los fiscales y pidió que el caso pasará a juicio.