16 nov 2026

Ex legisladores prefieren pagar las multas que rendir cuentas a la CGR

Unos 16 diputados y 10 senadores del periodo anterior fueron multados con sumas entre G. 5 millones y G. 29 millones por presentar tarde o no presentar sus declaraciones juradas.

hugo ramirez_39871971.jpg

Hugo Ramírez

La Contraloría General de la República (CGR) multó a ex legisladores por no presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas (DJBR) o informar de manera tardía. De acuerdo con la planilla de sumarios concluidos del 2020 al 2024 por la Dirección de Procedimientos Sumariales de la CGR, accedidos vía información pública por ÚH, se observa cómo un total de 26 ex legisladores fueron multados.
LEGISLADORES. En la lista aparecen 12 diputados de la ANR del periodo pasado: Néstor Ferrer, Hugo Ramírez, Eri Valdez, Ángel Paniagua, Nazario Salvioni, Freddy D’Ecclesiis, Édgar Espínola, Hugo Ibarra, Ulises Quintana, Rubén Balbuena, Andrés Rojas Feris y Miguel Cuevas. Del PLRA aparecen: Miguel Trinidad y Antonio Noguera, y del tercer espacio, Sebastián García (del PPQ) y el independiente Jorge Brítez. Totalizan 16 ex diputados.

En cuanto a los senadores aparece solo uno de la ANR, Martín Arévalo. Entre los liberales se encuentran Octavio Schapt, Daniel Rojas López, Carlos Daniel Zena, Daniel Villordo y Abel González. Finalmente, por el tercer espacio aparecen; Georgia Arrúa (PPQ), Gilberto Tony Apuril (Hagamos), Pedro Santacruz (PDP) y Fernando Lugo (FG). La suma de todas estas multas alcanzan G. 378 millones. La multa más alta fue de G. 29 millones para siete diputados; Eri Valdez, Ángel Paniagua, Édgar Espínola, Rubén Balbuena, Miguel Cuevas, Antonio Noguera y Jorge Brítez.

Ex legisladores que fueron multados por presentar tarde sus DDJJ_Mesa de trabajo 1.png

Tomás Rivas (ANR), Sebastián Villarejo y Fidel Zavala (PPQ), sus multas fueron de casi G. 6 millones.

DETALLES. Las multas van desde 20 al 100% del salario, dependiendo de los días de atraso. Un funcionario público tiene la obligación de presentar dos declaraciones juradas, al asumir y al dejar el cargo público.

Tiene 15 días hábiles después de la asunción o de la baja y en caso de incumplirla, empieza a correr una multa del 20% de su salario por cada 30 días de incumplimiento.

Antes de la modificación de la ley, la multa era de 300 jornales para todos (poco más de G. 3 millones al jornal actual).

En caso de que el funcionario pague la multa, pero siga sin presentar sus DJBR, sufre la retención de su sueldo hasta que se ponga al día con la exigencia, pero al dejar el cargo, la Contraloría no tiene herramientas para exigirle el cumplimiento.

Esto sucedió con Antonio Fretes, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien se jubiló en marzo del 2023, pero presentó su DJBR. La última que presentó fue en el 2022, cuando asumió la presidencia de la CSJ.

Tras jubilarse, el magistrado pagó la multa a la CGR, pero no presentó su DJBR de salida del cargo.

En el ente contralor, los sumarios administrativos para la aplicación de las sanciones se iniciaron en el 2020, y hasta la fecha, se tienen más de 1.000 sumarios concluidos.

MULTAS COBRADAS. La CGR cobró más de G. 2.000 millones en multas a funcionarios públicos por incumplimiento en la presentación de sus declaraciones juradas durante los últimos cinco años (2000 – 2024). En la lista está Óscar Nenecho Rodríguez, Antonio Fretes, Rosa Agustín Guido González Dans (intendente de Lambaré) y César Orlando Landy Torres (gobernador de Alto Paraná).

Angel Paniagua, diputado ANR_paniagua_35482984.jpg

Ángel Paniagua

Ulises Quintana_28883855.jpg

Ulises Quintana

Miguel Cuevas_52857716.jpg

Miguel Cuevas

tony apuril_17386831.jpg

Gilberto Tony Apuril

Fernando-Lugo-760x420_40175639.jpg

Fernando Lugo

Hay unos 24 funcionarios de binacionales multados, 15 de Itaipú y otros 9 de Yacyretá (EBY). En cuanto a autoridades locales, aparecen unos 13 jefes comunales multados, algunos siguen en el cargo y otros perdieron en las últimas elecciones.

Además, aparecen 73 concejales municipales, solo por citar, algunos de los cargos más relevantes observados en la planilla de la Contraloría.

La lista completa está compuesta por 1.032 funcionarios públicos. El total de lo multado a todos estos funcionarios es de G. 8.720 millones (poco más de USD 1,1 millones al cambio actual).

8.720 millones de guaraníes es el total de las multas establecidas a unos 1.032 funcionarios sumariados.
26 ex parlamentarios fueron multados por la suma de casi G. 378 millones, por no cumplir con la ley.

Más contenido de esta sección
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, ya remitió a la mesa directiva el dictamen favorable de las ternas que envió el Senado para Defensor y Defensor Adjunto, respectivamente. Figuran 31 proyectos en el orden del día de la sesión del martes.
El coronel DCEM Carlos Miguel Pérez Rodríguez fue designado como nuevo comandante del Regimiento Escolta Presidencial, en reemplazo del coronel José David Daiub Fatecha, apartado del cargo tras la polémica por los privilegios otorgados al presidente Santiago Peña durante su permanencia en esa unidad militar.
La Cámara de Senadores tratará un total de 18 puntos en su orden del día de la sesión del miércoles y se destacan el proyecto de Reforma Policial, la suspensión en la creación de nuevas universidades y el que pide la renuncia a todas las autoridades que depositaron recursos públicos en ueno bank.
Los representantes sindicales de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) expresaron su respaldo al director ejecutivo paraguayo, Luis Benítez, en medio de los cuestionamientos por la colocación de los fondos del sistema complementario de jubilaciones y pensiones de los trabajadores. Los gremios sostienen que la operación se realizó conforme a las normativas vigentes y acompañan las gestiones para recuperar los recursos comprometidos.
El senador Éver Villalba (PLRA) plantea un sistema autónomo de prevención y sanción que incluye períodos de enfriamiento de hasta 24 meses, controles sobre empresas vinculadas y responsabilidades para beneficiarios finales. La propuesta, que está relacionada con puertas giratorias, se suma a otra iniciativa de la oposición que busca restablecer las disposiciones originales de la Ley 7089/2023, modificadas durante el gobierno de Santiago Peña.
El Ministerio Público registró el retiro de 523 animales con destino a La Tropa SAE días después de la resolución de intervención de ueno bank. Otra firma de sus mismos accionistas, La Tropa Fletes, figura en la imputación por triangulación de préstamos. La ganadera, por su parte, era principal deudora de ueno, mantenía inversiones en el holding y buscaba refinanciar la deuda mediante bonos.