Así se desprende de una carta publicada por Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes y último comandante de la guerrilla, en la que siete ex jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aseguraron recibir “con sorpresa la decisión notificada por la JEP” por el caso en el cual se investiga la posible implicación de Rodrigo Granda, miembro del último secretariado de ese grupo armado.
“La decisión de esta instancia de la JEP es una vulneración directa al acuerdo de paz (firmado por el Gobierno y las FARC en 2016), pues tergiversa lo pactado y atenta directamente contra la seguridad jurídica de toda la población firmante de paz”, afirmaron.
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En la misiva, firmada por Londoño, Granda, Pastor Alape, Jaime Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo y Julián Gallo, argumentan que con esto están excluyendo a un ex combatiente por conductas “cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.
“En repetidas ocasiones hemos advertido sobre la violación del debido proceso, en las diferentes instancias, e incluso hemos elevado esa preocupación a la instancia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta decisión es la consumación del grave alejamiento en materia de justicia de lo pactado en el acuerdo final de paz”, añadieron.
Decisión tomada
La JEP, que ofrece penas alternativas a prisión, estudiaba si incluir este hecho por el que Paraguay pide la extradición de Granda, en el macrocaso 01, que juzga la “toma de rehenes, graves provocaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC” y finalmente decidió no hacerlo.
Paraguay requiere a Granda por su supuesta implicación en el asesoramiento o colaboración en el secuestro de la hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999).
Cubas fue secuestrada en setiembre de 2004 y su cadáver fue hallado cinco meses después en una fosa en las afueras de Asunción.
Posiblemente Granda asesoró al marxista Partido Patria Libre (PPL), el germen de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), para dicho secuestro de la hija del ex presidente.
La mujer apareció sin vida el 16 de febrero de 2005, enterrada en una casa de la periferia de Asunción tras cinco meses de búsqueda y pese a un cuantioso pago para su liberación, según un libro del periodista Andrés Colmán.
Bajo el principio de territorialidad, la JEP ha determinado que en Colombia no hay “una autoridad judicial nacional que lo esté o lo haya procesado por delitos cometidos en el marco de conflicto armado colombiano”.
Por lo que “la JEP, claramente, no tiene jurisdicción para asumir conocimiento por delitos cuya ocurrencia y persecución estén siendo llevadas por otras naciones y cuyas investigaciones estén por cuenta de autoridades extranjeras”, apuntó este tribunal creado por el acuerdo de paz.
Los ex jefes de las FARC aseguraron hoy que han respondido a todos “los llamados de esta instancia de justicia transicional”, así como han “honrado” su compromiso con “la verdad y los derechos de las víctimas”.
Fuente: EFE.
