Además también fueron procesados el secretario general en ese entonces Jorge González, la ex directora de Administración y Finanzas Cintia Gómez, el fiscal de Obras Wildo Álvarez y la encargada de la Unidad Operativa de Contrataciones, Liz Ignacia Villalba Benítez.
Según el escrito de imputación entre los años 2015 al 2017 los ex jefes comunales suscribieron contratos con firmas proveedoras de bienes y servicios, autorizando a través de resoluciones municipales el desembolso de montos de dinero para la adquisición de obras de construcción, combustibles, lubricantes y almuerzo escolar.
Sin embargo las obras eran inexistentes, asimismo se adquirió combustibles y lubricantes y el almuerzo escolar por la vía de la excepción, es decir, no se ha procedido a la licitación pública.
Según el investigador el perjuicio patrimonial es de G. 1.072.426.954.
