Por supuesta parcialidad y falta de independencia, el ex jefe comunal de Ciudad del Este Miguel Prieto recusó al magistrado Humberto Otazú, con lo que se suspendió la audiencia preliminar prevista para esta mañana.
Ahora, el juez tiene 24 horas para elevar un informe al Tribunal de Apelación Penal, que deberá estudiar el pedido de la defensa de Prieto, para decidir si aparta o no al juzgador.
El ex intendente Miguel Prieto –al ser consultado sobre su recusación– señaló que se sometieron a la audiencia preliminar en el caso Tía Chela, y fue testigo de que rechazó casi la mitad de sus pruebas, con lo que merma la posibilidad de defenderse en el juicio oral.
“Creo que eso, aparte de ser ilegal e ilegítimo, él ya está siendo juez y parte del juicio oral, lo que no debería. Entonces, es totalmente ilegal, pero está pasando y nadie está diciendo nada. Nos estamos yendo casi indefensos a un juicio oral donde tengo pruebas y testigos para defenderme, y el juez simplemente dice esto sí, esto no, con un criterio totalmente arbitrario”, explicó.
“Alguien en este país o los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados me escuchen. Y ese juez no puede hacer lo que está haciendo. Y está pasando. Yo lo único que pido es que me pongan otro juez imparcial para poder someterme a este juicio”, afirmó Prieto.
Aseguró que perdió totalmente la imparcialidad y que era totalmente ilegal lo que estaba haciendo. “Es totalmente arbitrario”, recalcó.
Además, dijo que sabía que iba a ir a juicio oral en el caso, pero lo que quería es que pudiera tener sus pruebas para defenderse.
Ante la consulta de si iba a plantear denuncia ante el JEM, dijo que era una forma de decir y que esperaba justicia. “Yo me estoy sometiendo a la Justicia y me voy al juicio oral en el caso Tía Chela, pero que me dejen presentar mis pruebas”, aclaró.
Señaló los testigos, publicaciones y otras pruebas que el juez le rechazó. Dijo que debía dejar que se defendiera.
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Sobre la tercera acusación en su contra, dijo que ya le habían avisado que le iban a acusar en tres o cuatro casos, y que iba a venir otra. Indicó que eso le habían alertado algunos abogados.
El caso Tajy
En el caso, la Fiscalía refiere en su acusación que el 11 de junio de 2020, el entonces intendente Miguel Prieto pagó en forma irregular G. 306.188.500 a la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas en perjuicio a las arcas del Municipio.
Supuestamente, Prieto habría encabezado, desde la Intendencia municipal de Ciudad del Este, un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución.
Según dicen los agentes, Prieto se aprovechó “de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la Comuna”.
En el caso, a más de Prieto, están acusados: Sebastián Martínez Insfrán, Sabino Peralta Martínez, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y Emili Vanessa Florentín Páez.
También están acusados Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buena Ventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Richard Emanuel Ayala Ávalos.
