Se trata de Juan Ramón Escobar, un ex guardia privado de IPS y empleado de la firma SST Security Service Technology SA, quien denunció la precarización laboral en la que trabajó para la empresa.
Es la misma compañía que está involucrada en un escándalo por supuestas irregularidades en el proceso de licitación de IPS para la contratación del servicio tercerizado de seguridad.
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El ex guardia mencionó que durante este martes junto a otros compañeros realizaron una manifestación frente a la empresa, a fin de exigir el pago de sus haberes y derechos laborales. Sin embargo, comentó que la firma SST les pidió un plazo de 60 días para volver a trabajar en la cobertura de seguridad del Instituto de Previsión Social (IPS).
“La empresa nos pide a los funcionarios un plazo de 60 días porque ellos –los directivos– están esperanzados en volver a ganar la licitación de IPS, pero nosotros ya pasamos muchos maltratos con la empresa”, denunció en comunicación con la 1020 AM.
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El ex guardia de IPS comentó que trabajó durante 10 años en la empresa y nunca le dejaron utilizar su derecho a vacaciones. Manifestó que muchos de sus compañeros no cuentan con el seguro social, trabajan más de 12 horas y perciben menos dinero del salario que se declara.
“En la declaración jurada figura G. 3.900.000 hasta G. 4.400.000, pero el salario más alto, en algunos casos es de G. 2.450.000”, refirió.
Escobar indicó que junto con sus compañeros piden que la empresa les pague el salario que les adeuda, el monto que corresponde por las vacaciones y que se cumpla la Ley del Código Laboral.
Por otro lado, mencionó que dan un plazo de 15 días a la empresa SST para que cumpla con sus obligaciones. Además piden la intervención del Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo para llevar adelante acciones contra la firma ante un eventual incumplimiento.
Irregularidades afectaron a empresa
En 2016, Última Hora había publicado que la firma SST Security, vinculada al ex diputado José Chamorro, pero administrada por su hijo Óscar Chamorro, tenía un sinfín de denuncias, supuestamente, por no pagar a sus empleados o intentar hacerles firmar cheques en blanco.
Aun así, el ente previsional estaba finiquitando el proceso para adjudicar nuevamente a esta empresa el servicio de seguridad de sus instalaciones administrativas y hospitalarias.
Sin embargo, ante irregularidades que tomaron conocimiento público y tras el escándalo de un supuesto intento de soborno a un periodista para frenar investigaciones contra la empresa, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ordenó suspender la licitación.
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A partir de ello, la previsional llamará a una nueva licitación de manera a lograr una mayor transparencia y participación de empresas interesadas.
Hasta el momento, se implementó un plan de contingencia para resguardar la seguridad en el IPS y efectivos de la Policía Nacional cubren las dependencias.
