El abogado Benjamín Adaro Monzón denunció ante el Ministerio Público a Plinio Pereira, ex gobernador de Itapúa y propietario de unas 380 hectáreas mecanizadas destinadas a la producción de soja en el citado departamento.
El motivo obedece a una supuesta violación de las medidas cautelares que pesaban sobre el político y empresario de no contratar e innovar en su inmueble hasta que se resuelva un litigio que existe sobre su propiedad.
Contexto. Un inmueble ubicado en el Departamento de Itapúa, específicamente en el distrito de Carlos Antonio López, dentro de la colonia Tirol, cuyo valor ronda los USD 4 millones, se encuentra en litigio. El predio está conformado por 446 hectáreas, sin embargo, 380 ya están mecanizadas para la plantación de soja. El fundo pertenece a Pereira y su esposa Estelbina Romero.
Dentro del litigio, Evelyn Martinez, jueza de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Yuty, ordenó, vía Resolución número 4 del 14 de febrero del 2023, que el inmueble no sea explotado. Además dispuso la prohibición de ingreso de personas sin previamente contar con una autorización judicial.
Versión de la parte afectada. Pereira informó que la contraparte solicitó que él sea detenido por violación de la medida cautelar. “Solicitan que sea procesado por desacato. Pero la medida cautelar fue notificada después de que el inmueble fue completamente sembrado. Antes de sembrar no existía la prohibición de hacerlo. Lo que existía era prohibición de contratar y anotación de Litis”, expresó.
Señaló que la contraparte ha solicitado en reiteradas ocasiones autorización para cosechar los granos de soja o maíz sembrados, lo que representaría beneficios millonarios para estos.
“Desnaturalizan el proceso. Pues ellos solicitan la rescisión de contratos, nulidad de acto jurídico, e indemnización por daños y perjuicios. A toda costa quieren perjudicar con la venia del juzgado a mi y a mi esposa”, lamentó.
Según Pereira, Adaro Monzón, abogado de la contraparte, solicita esto como medida de urgencia para evitar el trámite de incidentes y así evitar el traslado del mismo a su parte.
“El juzgado le sigue el juego dando trámite al pedido de este modo. No aplica el procedimiento ignora el debido proceso y viola el derecho a la defensa en juicio. Por eso motivo el juzgado ha sido recusado en varias oportunidades. Para dar trámite, la secretaria Sandra Noemí Arzamendia de Olaizola evacua informes inadecuados y la jueza aprovecha y funda en esos informes distorsionados su resolución”, cuestionó.
Dijo finalmente que la parte actora atropella la propiedad privada junto con abogados y el mismo Antoliano Sánchez, al llevar gente para forzar el ingreso al inmueble.
“Lo hacen sin respetar la propia medida cautelar de prohibición de ingreso de personas extrañas que ellos mismos obtuvieron. La jueza prohibió el ingreso de personas extrañas sin autorización judicial. Sin embargo todo inmueble precisa la visita de agrónomos”, concluyó.
