Gerardo Blanco, quien se desempeñó como miembro del Consejo de la Itaipú Binacional en el gobierno de Mario Abdo Benítez, también se pronunció este jueves sobre la designación de ministros como consejeros.
Al respecto, a través de Monumental 1080 AM, sostuvo que cumplir ese rol “demanda mucho tiempo” y ejemplificó que, cuando los consejeros del lado de Brasil fueron ministros, el nivel de debate en el consejo incluso disminuyó.
“Sin hacer juicio de valor con la gente que está asumiendo. A partir de que los consejeros brasileños fueron ministros, el nivel de profundidad de debate en el seno del Consejo bajó bastante y era evidente que no estaba con el Consejo ni con Itaipú como una prioridad”, afirmó.
Sostuvo también que, en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera tenían respuestas de parte de los mismos, mientras que “antes de que sean ministros, el nivel de debate era muy profundo” y las reuniones solo eran desarrolladas entre los consejeros.
“En principio solo nos reuníamos los consejeros del Consejo, pero luego cada vez empezaron a aparecer los asesores. Uno como asesor se involucra, pero como consejero se compromete. Porque el compromiso recae sobre el que toma la decisión. Eso representa un cambio sustancial y hace que uno analice varias veces un tema, porque va a recaer la responsabilidad sobre mi cabeza”, acotó.
En cuanto a la facultad de poder tomar las decisiones en el organismo, Blanco aseguró que, si bien un ministro podría tener mayor independencia otorgada por el presidente, durante la administración de Abdo Benítez ellos sí tuvieron total autonomía.
Aseveró que el “poder deliberativo del Consejo es algo instituido jurídicamente”.
“Es cierto que la independencia para la toma de decisiones en determinados temas es mayor la de un ministro, eso depende del grado de independencia que te brinde el presidente de la República. Mario Abdo nos dotó a los miembros de su Consejo de una autonomía política completa, plena”, aseguró.
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El presidente Santiago Peña designó como miembros del Consejo de Administración de la Binacional a la jefa de Gabinete, Lea Giménez; al canciller Rubén Ramírez Lezcano; al titular del Ministerio de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.
Asimismo, al ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y al asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, además del presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, y el ingeniero Héctor Ernesto Federico Richer Becker.
Pese a los pedidos de que la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú sea una causa nacional y se tenga la participación de todos los sectores de la sociedad, Peña decidió nombrar a sus ministros como consejeros.
Esto fue cuestionado por varios sectores de la sociedad, incluyendo al abogado constitucionalista Hugo Estigarribia, quien fue tajante al decir que no se puede designar a ministros como consejeros en Itaipú por una incompatibilidad.
Estudio de Anexo C
Gerardo Blanco también habló sobre el estudio del Anexo C de la Itaipú Binacional previsto para este año. Señaló que, tras los cuatro años que estuvo en el Consejo de la Itaipú y antes de dejar el cargo, presentó “un documento reservado” a Mario Abdo Benítez.
Se trata de un material de un poco más de 160 páginas que representa su postura respecto a cómo debe ser tratado el tema e incluye algunas propuestas en “busca de facilitar una mejora continua y que permite recoger las diferentes visiones y expectativas que tienen los diferentes sectores”.
Inició explicando que la revisión del Anexo C se puede resumir en tres a cuatro preguntas. La primera consiste en si vamos a continuar con una tarifa de potencia o vamos a pasar a una tarifa de energía.
La segunda, si vamos a apuntar a una tarifa baja o a una renta financiera. “Necesitamos dotar a la población de niveles razonables de energía eléctrica. El costo de la energía que le represente a Paraguay para volver a venderla debería ser lo más bajo posible de forma que el margen final, el beneficio neto sea maximizado para Paraguay”, acotó.
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Y, finalmente, manifestó que la última pregunta que se debe hacer para el estudio del acuerdo es si vamos a seguir con la figura de la compensación o vamos a comenzar a vender la energía.
“Deberíamos ser cuidadosos si queremos plantear la venta. Si bien conquistamos soberanía energética, uno se ciñe estrictamente a las reglas establecidas en ese mercado por las políticas públicas de otro país. Allí perdemos soberanía, porque ellos van a establecer las reglas del juego y estamos expuestos tanto técnica, económica, financiera y hasta incluso socialmente a esas reglas sin intervención nuestra”, advirtió.
En ese sentido, apuntó a que, en su lugar, “apostaría a un ajuste de la compensación” y resaltó que el Anexo C representa una importante oportunidad para el Paraguay, teniendo en cuenta que es un documento jurídico que nos permitirá “establecer las reglas del juego”.
