EFE
Estos pendientes fueron mencionados por Morales en su informe brindado al Parlamento al cumplir diez años continuos en la Presidencia boliviana, en el llamado “Día del Estado Plurinacional”.
El mandatario mencionó que hacia el año 2000, la razón de mortalidad materna era de 180 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, mientras que en 2015 la cifra llegó a 167.
“Estamos muy atrasados (...) Se ha reducido y eso no se siente nada (...) Quisiera que la gente que conoce y tiene mucho sentimiento social nos plantee una propuesta para reducir o acabar con la mortalidad materna”, señaló el gobernante.
Morales también indicó que uno de los problemas que tiene el país es la Justicia y lamentó que no todas las autoridades elegidas por voto popular en 2011 estén “respondiendo” al “sentimiento de los bolivianos” para encaminar una reforma judicial.
“Estamos rezagados en una revolución profunda de la Justicia boliviana”, señaló el gobernante.
Anunció que para superar el rezago, se realizará una “Cumbre de Justicia” el 16 y 17 de abril próximos en la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del órgano judicial.
Entre los temas propuestos para tratar en el encuentro, mencionó los servicios de justicia, formación de recursos humanos, infraestructura, designación de altas autoridades, las demoras en los procesos y la lucha contra la corrupción en el sistema judicial.
Expresó su deseo de que el Estado y la ciudadanía tengan la capacidad de “poner fin a la mala imagen de la Justicia boliviana”.
Morales también se refirió a los casos de corrupción en los manejos de un fondo creado para financiar proyectos de pueblos indígenas, en los que están implicados varios dirigentes sindicales y políticos afines a su Gobierno.
El mandatario achacó la corrupción a normas que dejaron “los gobiernos anteriores” e indicó que “tal vez la responsabilidad” de su administración fue no haber cambiado esas normativas.
Indicó que en su momento pidió mejorar las citadas normas porque planteaban una estructura “no tan deseable” para administrar el llamado Fondo Indígena, pero dijo que finalmente se las respetó porque el movimiento campesino “entendió que ya era un derecho adquirido” manejar los recursos de la forma establecida.
Ratificó que aquellos dirigentes implicados en estos casos deben defenderse ante la Justicia como corresponde porque, según dijo, su Gobierno “nunca” ha protegido ni defenderá “la corrupción”.
El mandatario se tomó cinco horas y 47 minutos para informar de forma minuciosa resultados de las políticas económicas y sociales logrados en una década frente a los de los 20 años previos a su Gobierno.
