“La investigación que da origen a este documento reveló que entre 2021 y 2023, 43 empresas nacionales y extranjeras se involucraron en proporcionar servicios de propaganda digital a 156 campañas electorales en Paraguay. Este número incluye 148 campañas individuales, de las cuales solo 24 fueron lideradas por mujeres, señalando no solo una creciente dependencia de la tecnología en la política, sino también profundas desigualdades de género”, detallaron desde Tedic.
Los datos señalan que la Asociación Nacional Republicana (ANR) Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) fueron los principales usuarios de este servicio, abarcando el 60,26%, mientras que candidatas mujeres representan solo el 16,22%.
Algunas empresas trabajaron para colorados, liberales, y otros, como Teju y Dizaga, Imagen de Gobierno y Operación Dínamo, ASP Marketing, Aguila Marketing, Nueva Tecno y Showvid Marketing Político.
Datos. El poco desglose de información aportada por el portal del TSJE fue cuestionado, indicando que solo 3 de las 43 empresas fueron relevadas a partir de los datos de Onafip (Observatorio Nacional de Financiamiento Político), mientras que las demás fueron identificadas a través de la biblioteca de anuncios de Meta (Facebook).
“Es necesario que el TSJE explore avanzar en realizar acuerdos con las principales empresas propietarias de plataformas digitales, como Meta, ByteDance o Alphabet, para que faciliten mecanismos de control cruzado de informaciones sobre las inversiones canalizadas por esos medios, asegurando uniformidad, veracidad y coherencia con las rendiciones publicadas en el Onafip”, alertan.
La investigación señala un considerable incremento de la inversión monetaria de partidos políticos en estrategias de influencia digital, junto con una mayor variedad de empresas de propaganda electoral digital.
“Persiste una serie de limitaciones en la apertura de los datos ofrecidos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en materia de financiamiento político, así como la falta de procedimientos efectivos para el seguimiento, la rendición de cuentas y la penalización de infracciones electorales en el entorno digital”, es otro de los puntos subrayados por la investigación.
