13 jul 2026

Estudio académico expone el ñemboja: el pago a policías para plantar marihuana

Una investigación realizada en dos comunidades de Canindeyú refiere que la cosecha de marihuana es la principal fuente de ingresos de numerosas familias.

vicgaleano79@gmail.com

Es harto sabido que el Paraguay es uno de los mayores productores de marihuana; sin embargo, la nula gestión de las autoridades para apoyar a los agricultores y cambiar la producción de lo ilícito por lo lícito sigue alentando a los pobladores de varias comunidades de San Pedro y Canindeyú al sembrado de cannabis y que esta sea la principal actividad de fuente de ingreso para numerosas familias.

Según una investigación llevada a cabo por el abogado Juan Martens Molas, máster en Criminología, publicada en diciembre del año pasado, en la revista Población y Desarrollo, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, realizada en dos comunidades de Canindeyú, la plantación de marihuana representa la principal fuente de ingresos para la mayoría de las familias.

Sin embargo, la contracara que conlleva a la destrucción de las plantaciones de cannabis genera empobrecimiento, endeudamiento, ruptura de economías de familias y migraciones forzadas.

Martens menciona que los perjuicios económicos y sociales que produce la destrucción de la producción de marihuana, llevada a cabo sin programas de sustitución de cultivos, ni políticas públicas de inclusión en la economía lícita, reproduce y profundiza las condiciones estructurales de desigualdad y exclusión en estos territorios.

“Cuando entran a cortar la producción el perjuicio es muy grande, porque hay familias que dependen exclusivamente de lo que produce la marihuana. Se quedan con cuentas en almacenes… no pueden pagar sus cuotas. Se les sacan sus electrodomésticos”, refiere una comerciante entrevistada por el investigador.

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Zarandeo. Proceso en que participan también niños

El propio director de un colegio indicó “que lo más grave es que hay hijos de cultivadores que pagan sus alquileres y cuotas de universidad que se ven obligados a volver porque no pueden seguir manteniéndose. El impacto no es solo económico, sino social y educativo”, detalla el informe.

El equipo investigador llegó incluso a conversar con los intendentes de ambas comunidades, quienes coincidieron en que la destrucción de los cultivos de marihuana agrava las condiciones sociales y económicas de sus comunidades.

Uno de los intendentes aclaró que “acá la gente es cultivadora, no es traficante”, resaltando que los pobladores participan en el eslabón primario de la cadena de producción.

PAGO POLICIAL. La nota del criminólogo llega a desnudar una vez más que varias autoridades participan en el desarrollo de la actividad ilícita, como protectores de las plantaciones.

Otra entrevistada a la que llegaron los investigadores habla del “ñemboja” (acercarse), como el paso previo al inicio de los cultivos.

“Eñemboja arã katuete”. No podés empezar el cultivo sin antes ir a comunicar y pagar a la policía local. Si no te acercás, ellos mismos llaman a la Senad o a Antinarcóticos y vienen a destruir tu cultivo”, relató un cultivador.

Martens refiere que el ñemboja es acercarse para informar del cultivo y abonar el canon correspondiente a la Policía, según le había detallado el entrevistado.

En otra nota, el abogado indicó que si el labriego no cumple con el canon dentro de su parcela hallará un mensaje del policía encargado del lugar, con su número de celular (ver foto), para que se comunique para resolver, pero en caso de no hacerlo, la plantación será destruida.

CABRITOS. Otro punto que Martens halla en la investigación son los denominados cabritos para movilizarse.

A la no existencia de sistemas de transporte público organizados, en estos municipios proliferan las motocicletas y los cabritos (autos sin documentos en su mayoría robados). “Son vehículos sin documentación o robados en Brasil, cuya circulación es tolerada previo pago de una coima a efectivos policiales locales, departamentales e incluso a agentes de la Patrulla Caminera, para permitir el libre tránsito, ya sea dentro del municipio o el departamento, según el trato y monto establecidos”, indica el informe.

  • Además, a medida que aumenta el radio de circulación acordado por las autoridades, se incrementa la tarifa cobrada que puede superar los mil dólares.
  • Cuando entran acortar la producción, el perjuicio es muy grande; hay familias que dependen exclusivamente de lo que produce la marihuana.
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