Con el proceso iniciado a la funcionaria judicial del Departamento de Estadísticas de San Lorenzo, Antonia Galeano, por supuestamente pedir dinero para beneficiar a un procesado, aludiendo de que tenía contacto con jueces, actuarios, ujieres y dactilógrafos, el Ministerio Público no descarta de que haya todo un esquema que opera en el Poder Judicial, dedicado a lucrar con pedidos de coimas para beneficiar con medidas menos gravosas.
La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, afirma que está investigando todas las aristas en la causa y que el proceso está en su etapa inicial.
“Ella es funcionaria de la sección de Estadísticas, pero ella tenía conocimiento de la causa, de cuándo se presentaban los pedidos de revisión de medidas, ella sabía y le decía al señor: ‘No te van a dar la medida porque el informe no va a llegar a tiempo’”, explicó la agente fiscal.
Es decir, que la funcionaria hoy imputada “sabía que no se le iba a dar la medida” y por eso pedía dinero para interceder y cambiar la medida a favor del encausado. Por ello, la fiscala señala que la funcionaria no podría hacer sola todo eso.
¿CÓMO OPERABA? Según la investigación fiscal, la funcionaria judicial habría prometido a la familia de un procesado, de nombre Marcelo Fabián Peña Mancuello, acusado y a puertas de un juicio oral por posesión de sustancias, la suma de G. 7 millones para mediar con la jueza María Elena Cañete, para que el acusado salga de prisión y obtenga el arresto domiciliario, con el uso de tobillera electrónica.
Galeano incluso habría pedido la suma de G. 1 millón más para un informe favorable de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos (Omdec) para el procesado.
“NADIE TRABAJA GRATIS”. El 27 de abril, el papá de Marcelo Peña Mancuello denunció ante la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía que la funcionaria judicial estaba pidiendo dinero. Esto, debido a que en reiteradas ocasiones, el abogado del procesado, Vicente Rodríguez Barreto, había solicitado medidas menos gravosas para su defendido, pero le fueron negadas.
El último intento se dio en abril pasado. La jueza María Elena Cañete fijó para el 21 de ese mes la audiencia de revisión de medidas, pero antes de la hora fijada, la funcionaria Galeano se habría contactado con los familiares del procesado ofreciéndose como mediadora para conseguir la libertad o el arresto.
Según la Fiscalía, incluso le habría señalado que tenía forma de contactar con la jueza, la actuaria, el ujier y la dactilógrafa, además de la Omdec.
El encuentro habría sido en la vivienda de la funcionaria. El papá de Peña Mancuello le preguntó si esto tendría un costo, y la respuesta de Galeano fue contundente: “Nadie trabaja gratis”.
A partir de ese encuentro, la comunicación fue telefónica. Hasta el día del pago, donde la funcionaria fue detenida con el dinero durante un operativo encubierto.
Presentan imputación
La fiscala Yeimy Adle, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó a Antonia Galeano, funcionaria de Estadísticas del Poder Judicial de San Lorenzo, por cohecho pasivo agravado (coima) y tráfico de influencias.
La funcionaria habría pedido la suma de G. 7 millones para que Marcelo Fabián Peña Mancuello, acusado por posesión de sustancias y que debe enfrentar un juicio oral, sea beneficiado con arresto domiciliario.
Galeano fue detenida el pasado martes en un operativo encubierto que se realizó en el estacionamiento del Shopping San Lorenzo, poco después de que el denunciante le entregara el dinero negociado.
La conversación de dicha supuesta negociación quedó grabada previa autorización judicial. Los billetes también fueron fotocopiados antes de la entrega.
El caso fue intervenido por agentes de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía, en conjunto con la Fiscalía, quienes también se constituyeron hasta el Poder Judicial, donde se alzaron de varias evidencias de una oficina de la Sección Estadística y de la Secretaría del Juzgado Penal de Garantías N° 1 de San Lorenzo.
