01 sept. 2025

“Estamos ante un esquema criminal que tiene origen en la propia Justicia”

Congresista asegura que tratan de identificar a las víctimas de los pagarés, a más de que buscarán reformas legislativas para evitar que se repitan los casos. Dice que la Corte dio una respuesta insuficiente al tema.

31434977

Legislador. El senador Rafael Filizzola dice que el esquema criminal es bastante antiguo.

Las víctimas de la mafia de los pagarés se cuentan por miles, con un alto impacto social. El senador opositor Rafael Filizzola Serra es uno de los que busca una solución a este problema. Tratan de identificar a las víctimas, a más de tener alguna modificación legislativa para evitar que estos casos se repitan en la Justicia.

–¿Se violan derechos humanos en el caso de la mafia de los pagarés?

–Absolutamente. La violación de derechos humanos se da cuanto actúa el Estado por medio de sus funcionarios, ya sea haciendo algo; es decir, acción directa o no haciendo nada para evitar que ocurra, que sería omisión. En estos casos se utiliza el sistema judicial en coordinación o no –eso veremos luego de todas estas investigaciones penales, auditorias de gestión de la Corte Suprema de Justicia y desde la Comisión que creamos en el Senado– con estudios jurídicos, casas de cobranzas, que en forma abusiva ejecutan más de una vez un mismo pagaré o incluso fraguándolos. Todo esto violando las garantías judiciales y la protección judicial efectiva.

–¿Esto se da en todos los casos?

–Hay que separar de aquellos casos donde efectivamente hay una deuda impaga, se notifica al deudor y se cumple todo lo previsto en la ley antes de ejecutar un embargo de salario o jubilación, que también es una realidad, el alto grado de endeudamiento. Justamente para ser rigurosos y separar esos casos es que iniciamos este registro de casos.

–¿Cuáles podrían ser las medidas legislativas para solucionar el drama de las víctimas?

–Primero, tenemos que la regulación sobre el pagaré es absolutamente laxa, solo cuatro artículos hablan de ello en el Código Civil. No hay norma expresa que obligue a guardar las formalidades más mínimas en la ejecución; es decir, para el embargo. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que no se realice una verificación previa del documento para evitar una doble ejecución? No puede ser que los juzgados no tengan una base de datos para verificarlo.

–¿Y los embargos que se dan en los juicios?

–Sí, los embargos judiciales son normalmente depositados en cuentas abiertas por orden en los propios jueces, donde los demandantes deben solicitar el retiro de los fondos. Se podría exigir la entrega del pagaré al momento del retiro de los fondos. También están las iniciativas respecto a las notificaciones electrónicas y, ya que lo mencionamos, por sobre todo digitalizar los juzgados de Paz es ahora absolutamente necesario para evitar estos abusos.

–¿Cree que hubo respuesta insuficiente de la Corte?

–Totalmente. La Corte no dijo nada que ya no sepamos. Si uno mira desde el punto estrictamente procesal, es lógico que las intervenciones en los casos deban hacerse en cada expediente, cada víctima. Pero aquí estamos ante un esquema criminal que tiene origen en el propio Poder Judicial o que al menos se sirve del sistema de justicia, con actores que, en teoría, son supervisados por la Corte. En resumen, el mensaje fue, véanse ustedes con sus abogados y recurran al mismo magistrado (que es parte del esquema) para que les solucione el problema. La víctima solicitando justicia al victimario. Un absurdo. Si la Corte de una vez no asume que son responsables, no serán capaces de pensar en respuestas extraordinarias para un escenario extraordinario o excepcional.

–La Corte Suprema señala que no pueden levantar los embargos en forma genérica ni anular juicios, ¿cómo harán ustedes desde el Legislativo?

–Esto guarda relación con la pregunta anterior. La que pensamos nunca fue una orden genérica de congelar todos los embargos. Para eso es que estamos conformando una base de datos identificando las causas. Lo nuestro está en identificar los casos en los cuales se haya violado el derecho a ejercer la defensa producto de las notificaciones voladoras, donde está el vicio de origen. A partir de ahí, requerir las auditorías de cada uno de esos expedientes a la Corte Suprema de Justicia. Esto no solo ocurre en los juzgados de la capital, ni tampoco únicamente en Juzgado de Paz, también está la Justicia Letrada y los Juzgados Civiles de primera instancia.

–¿Se plantea también algún cambio en la ley sobre los Juzgados de Paz?

–Estamos evaluando todas las opciones posibles, tanto legales como administrativas. Incluso leyes ordinarias y extraordinarias; es decir, temporales para abordar esta situación crítica. No descartamos ninguna posibilidad y vamos a invitar para escuchar las voces de abogados que están en el ejercicio de la profesión y de académicos al respecto.

–¿Proyectan modificar la legislación respecto a los juicios ejecutivos para evitar este tipo de casos?

–Es uno de los fines por los cuales fue conformada la comisión especial de investigación, específicamente en la instrumentalización del pagaré, la notificación y, sobre todo, la entrega del pagaré al deudo al momento de la cancelación de la deuda. Hay varias opciones, que el equipo técnico está elaborando. Igualmente, recibimos todas las sugerencias que sean de utilidad, ya sea de colegas, abogados o de litigantes independientes que conocen bien la problemática.

–¿Cree que la investigación fiscal abarcará a todos los responsables o solo a algunos de ellos?

–Nos gustaría que eso fuese así, pero abarcar a todos los responsables es algo utópico, ya que es una rosca muy antigua, los nuevos actores lo que hacen es subirse a este carrusel que ya estuvo girando cuando ellos llegaron, ¿cuántos años tienen los ujieres imputados? La jueza Cibils también es joven. Siempre habrá quién se salve, sobre todo porque cuentan con apoyos poderosos, pero eso no nos puede detener. Por lo menos, esperamos marcar con esto un antes y un después, y en el peor de los casos, nuestro legado será dejar una nueva normativa que eviten estos abusos en el futuro. Igualmente, pensamos llevar esto hasta abarcar a la mayor cantidad responsables posibles, ya que han causado mucho daño a la gente, sobre todo a los más humildes. Cuántos planes de vida arruinados por este esquema. Los testimonios desgarrados no nos pueden mantener indiferentes. Sobre todo, cuando quien más quien menos conoce a alguna víctima, si es que uno mismo no lo fue.

–Hay muchas víctimas.

–El impacto social de esta problemática no menor es que afecta de manera desproporcionada a mujeres trabajadoras, muchas de ellas jefas de hogar, constituyendo una forma de violencia económica e institucional. Hemos visto casos de madres solteras sin otro sustento que se han visto perjudicadas con este esquema, quedando en el más absoluto desamparo.

Rafael Filizzola Es senador, abogado y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica. Se especializó en Derecho Constitucional y Derecho Penal, con estudios de posgrado y doctorado por la Universidad Católica. Cursó programas sobre Gobernabilidad, Reforma Judicial, Control de la Corrupción, Justicia Constitucional, entre otros.

¿Cómo puede ser que no se realice una verificación previa del documento para evitar una doble ejecución? No puede ser que los juzgados no tengan una base de datos para verificarlo.

El mensaje fue, véanse ustedes con sus abogados y recurran al mismo juez (que es parte del esquema) para que les solucione el problema. La víctima solicitando justicia al victimario.

Más contenido de esta sección
Poco antes de que el fiscal pida revocar el arresto domiciliario, Mario Jesús Báez, imputado por un fatal accidente, recusó al agente alegando que no le indicaron todos los hechos en su declaración indagatoria. El representante del Ministerio Público pidió que se rechace su recusación.
Este viernes 5 de setiembre vence el plazo de un año que tiene la Fiscalía para pedir la reapertura de la causa del senador Hernán Rivas, quien había sido procesado en el caso del supuesto título falso de abogado. Hasta ahora, ante el juez Miguel Palacios no existe ningún pedido de las fiscalas de la causa, Patricia Sánchez y Luz Guerrero.
La causa del Operativo Berilho, donde están acusados, entre otros, Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, y el ex diputado, Ulises Quintana, sigue trabada. La defensa de uno de los procesados apeló la resolución que confirmó al juez de Garantías, Miguel Palacios, con lo que el caso pasó a la Sala Penal de la Corte.
El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia se inhibió en la causa donde imputaron al ex presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) Pastor Emilio Soria Melo, junto a otros procesados, porque supuestamente exigían pagos indebidos a comerciantes en el Mercado de Abasto de Asunción. Fue sorteada la magistrada de Crimen Organizado Rosarito Montanía.
Ante la jueza de Garantías Alicia Pedrozo se inició esta mañana otra de las audiencias preliminares contra el ex ministro de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) Dany Durand y otros acusados por supuesta estafa a 31 víctimas de la empresa Mocipar SA. Según la Fiscalía, el supuesto perjuicio sería de unos G. 665.000.000.