Para las Naciones Unidas la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Sus datos sostienen que, a nivel global, 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual, al menos una vez en su vida.
Calificada como una lacra, las manifestaciones de violencia se han extendido al entorno laboral, los espacios en línea y, en particular, en el ambiente familiar. Dice la ONU que el lugar “más peligroso” para una mujer es su propio hogar y, de hecho, que de los casi 89.000 feminicidios registrados en 2022 en el mundo, más de la mitad los cometió su pareja, ex pareja o familiares en la propia vivienda.
De acuerdo con los datos, mientras que el 80% de las víctimas de homicidios intencionados son hombres, las mujeres representan el 53% de todas las víctimas que mueren en su propia casa, según el estudio de la ONU Asesinatos de mujeres y niñas por razones de género (femicidio/feminicidio). La diferencia radica en que la mayoría de los homicidios masculinos ocurren fuera de casa, así pues, para mujeres y niñas el lugar más peligroso es el propio hogar, indica el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y ONU Mujeres.
Paraguay no es una excepción en esta tendencia mundial. En lo que va del año, según los datos de Observatorio de la Mujer, del Ministerio de la Mujer se han registrado un total de 34 feminicidios. Debemos recordar que el 2022 se había cerrado el año con un total de 36, lo que da la pauta de la falta de avances positivos. En el presente año se debe lamentar además un total de 3 feminicidios en el exterior, un total de 29 tentativas y 67 huérfanos.
El Estado paraguayo le falla a las mujeres asignando escasos recursos al Ministerio de la Mujer, el cual desde el 2018 recibe cada año menos presupuesto, lo cual demuestra la importancia que tiene el tema para los políticos. También lo hace cuando permite que siga habiendo graves fallos en el sistema de protección que hace que mujeres que tienen el coraje de denunciar violencia y maltratos igual terminen muertas porque las instituciones y sus funcionarios no hicieron su trabajo.
En este 2023 hubo –sin embargo– tres sucesos que son un motivo de esperanza. El primero es la denuncia por acoso en el ámbito laboral, pues se confirmó el juicio oral para el ex gerente de un canal de televisión, Carlos Granada, por coacción sexual, violación y acoso sexual; para la Fiscalía, Granada habría utilizado su posición de jerarquía e influencia sobre las trabajadoras para cometer los hechos punibles.
El segundo es la sentencia a Juan Vera, de Asucop, quien fue multado por lesionar la intimidad de la periodista Mercedes Menchi Barriocanal, quien había presentado una acción en el marco de la Ley 5777 de Protección Integral a la Mujer para evitar la continuación del acoso y la persecución de la que fue víctima. La presentadora de televisión denunció que su número telefónico particular fue difundido y, como consecuencia, recibió mensajes con expresiones violentas y agresivas.
El tercer caso se dio en el mismo Congreso Nacional y se trata de un caso tipificado como violencia política. El diputado colorado Yamil Esgaib fue sancionado por treinta días por sus expresiones violentas y machistas contra legisladoras y periodistas. Esgaib agredió verbalmente a varias parlamentarias y tildó como “pavada” el femenicidio. Urge un cambio de perspectiva. Como sociedad debemos reconocer a todas las personas como iguales, en derechos y dignidades y superar los resabios del machismo que condenan a las mujeres a vivir en ámbitos violentos.
