Analistas, medios de comunicación y la misma opinión pública coinciden, en su gran mayoría, que este sería el peor Parlamento que hemos tenido en la era democrática o de transición en el Paraguay, desde el golpe de 1989.
La forma en que se llevó a cabo la pérdida de investidura de la senadora opositora Kattya González queda como un espectáculo cuestionable, considerando que se caracterizó por saltear normativas o aplicarlas al antojo, como la necesidad de contar con 30 votos para la expulsión, según el reglamento aprobado por esta misma Cámara en diciembre pasado, y que no se respetó.
Tampoco se cumplieron plazos respecto al derecho a la defensa, puesto que la normativa establece que el senador afectado tendrá siete días hábiles para presentar su descargo. Son cuestiones de forma importantes que fueron desechadas por conveniencia.
Un desgaste político, de tiempo y energías, que no se justifica en un país con tantas urgencias y un gobierno con proyectos que no pueden despegar.
Un derroche de prepotencia y un espectáculo vergonzoso de parte de un bloque mayoritario del Congreso, que no necesita acallar voces disidentes para alcanzar sus objetivos.
Las acciones impulsadas por los cartistas parecen más fruto de un vulgar revanchismo político que unas acciones destinadas a transparentar la gestión parlamentaria o satisfacer alguna demanda de interés general, resultado de la búsqueda del bien común. Se pudo percibir un fuerte aroma de venganza en todo el proceso.
Desde la calle se observa como el atropello de una mayoría; un conjunto de acciones forzadas, además de una dosis autoritaria; “aquí nosotros echamos a quien queremos y acomodamos las reglas según nuestro antojo y conveniencia”.
Y eso es grave si pensamos en la necesidad que tenemos como país de avanzar hacia un modelo en el que se respeten la institucionalidad y las leyes, y que tenga como base el diálogo, los acuerdos, el debate y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Teniendo en mente todos los casos de nepotismo, tráfico de influencias y despilfarro del dinero público de parte de legisladores, que han tomado estado público en las últimas semanas y que siguen impunes, a simple vista, la expulsión de la senadora de Encuentro Nacional, Kattya González, tuvo y tiene otros objetivos.
“De lo que no se puede hablar, mejor callar”, dijo ayer el presidente del Congreso, Beto Ovelar, dejando en claro que estaba “censurado” y que no podía expresar algún desacuerdo con la expulsión ¿Quién le censura al senador?
Y uno puede estar a favor o en contra de la gestión de la parlamentaria opositora, de sus expresiones y forma de actuar; uno puede incluso coincidir con los puntos de fondo del libelo acusatorio presentado en su contra, pero lo que más indigna y genera preocupación es la forma y los artilugios utilizados para llevar adelante su expulsión.
Fue un espectáculo que degradó una vez más la actividad parlamentaria y siembra dudas respecto a la honorabilidad de los legisladores.
Además, así como se presenta, esta mayoría y su forma de proceder se convierte en una maquinaria de alto riesgo para la democracia, puesto que podría ir “eliminando” de igual manera a otros adversarios o críticos en el Congreso o instalar a como dé lugar la reforma constitucional que buscan para una reelección presidencial. ¿Estamos iniciando un plan de copamiento autoritario?
Por ello, es de esperar que el presidente Peña, que guarda silencio cómplice, se anime a defender los intereses del país más que de una corporación o movimiento de la ANR, puesto que él, su gestión y gobierno son los primeros perjudicados con estas luchas políticas mezquinas, mientras gran parte de la población sufre carencias y hay cientos de reclamos urgentes que no reciben una respuesta.
