El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó hoy la nueva normativa, que deja fuera el supuesto de aborto por malformación del feto, aunque podría darse si de ello se deriva un perjuicio psíquico o físico a la madre.
En el caso del aborto por daño a la madre, podrá realizarse hasta la semana vigésimo segunda, mientras que en el caso de un embarazo por violación podrá hacerse hasta la décimo segunda semana y siempre que haya existido una denuncia previa del delito sexual.
La interrupción del embarazo se hará con determinadas condiciones, como un informe suscrito por dos médicos que la motive adecuadamente y que se practique en centros reconocidos.
La despenalización del aborto en España tuvo lugar en 1985 y fue impulsada por el Gobierno socialista de Felipe González para los supuestos de violación (hasta doce semanas), riesgo de malformaciones en el feto (hasta veintidós) y riesgo para la salud física y mental de la madre (sin límite).
Diez años más tarde la norma se amplió con un cuarto supuesto, para permitir la interrupción voluntaria del embarazo cuando supusiese a la mujer un conflicto personal, familiar o social.
En 2010 otro Ejecutivo socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, fijó el aborto libre hasta la semana catorce, y hasta la veintidós en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y situó en los dieciséis años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción del embarazo.
Ahora el Gobierno de Mariano Rajoy (centroderecha) regresa en términos generales a la normativa de 1985, en cuando al reconocimiento de supuestos y no plazos.
El ministro Ruiz-Gallardón recordó que el cambio legal figuraba en el programa con el que el PP ganó las elecciones parlamentarias, en noviembre de 2011.
Además, subrayó que se trata de una norma que pretende seguir una sentencia del Tribunal Constitucional, que en 1985 fijó su doctrina para respetar los derechos de la mujer y los del feto.
Según Gallardón, los socialistas rompieron “unilateralmente” esa doctrina al promover en 2010 una reforma que no respetaba los derechos del concebido.
La norma también obligará a que la mujer sea asesorada convenientemente antes de decidir si aborta y sin que ello sea un “trámite”, como Gallardón considera que ocurre ahora.
