La Secretaría de la ONU sobre Cambio Climático, con sede en Bonn, anunció el viernes la decisión de que se celebre la cumbre climática de la ONU en la capital española, después de que Chile renunciara por su situación interna y España se ofreciera como alternativa.
El objetivo principal de la COP25 es preparar el terreno para que los países presenten contribuciones de lucha contra el cambio climático en el marco del Acuerdo de París, más ambiciosas que las actuales a comienzos de 2020, según fuentes del Gobierno.
Es un reto de logística y de seguridad que las autoridades españolas tienen que resolver en las cuatro semanas que faltan hasta que comience la cumbre, que se celebrará en el recinto ferial de Ifema, a las afueras de Madrid.
El Ejecutivo, que preside el socialista español Pedro Sánchez, ya ha comenzado a diseñar su organización con Naciones Unidas y Chile, país que seguirá presidiendo la COP25.
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España trabaja “codo con codo” con el equipo chileno para que la cumbre pueda celebrarse con total normalidad, reiteró la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Su departamento ya se ha puesto al habla con el Ayuntamiento y el gobierno regional de Madrid para agilizar los preparativos.
80.000 metros cuadrados para la cumbre
La cumbre, de 11 días, necesita dos espacios contiguos, uno para las reuniones y negociaciones oficiales de los representantes de las delegaciones de los 200 países participantes y otro para los eventos de ONG o de grupos de científicos.
Ifema prevé destinar 80.000 metros cuadrados –el 40% de su superficie– a la cumbre, que obligará a reajustar el lugar o la fecha de algunos actividades ya programadas en diciembre, aunque sin cancelar ninguna, según dijo su presidente, Clemente González Soler.
Su equipo, añadió, será capaz de hacer un buen trabajo organizando en tan poco tiempo una cumbre que es “muy importante para España y para Madrid”.
En este sentido, la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, instó a aprovechar la cumbre como “una gran oportunidad” para todo el país, porque España “va a ser un foco internacional”, y Madrid demostrará que no es solo “tecnología, empresa o emprendimiento”, sino también “medioambiente”.
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“La organización busca un entorno seguro y estable y ha elegido Madrid porque nos ven como una ciudad que acoge, que sabe preparar grandes eventos, que tiene plazas hoteleras, que tiene grandes transportes e infraestructuras”, resaltó.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aseguró que esta ciudad es de las pocas del mundo capaz de organizar una cumbre del clima como ésta “en las mejores condiciones”, en el plazo de 30 días, cuando habitualmente se necesita más de un año.
Ecologistas en la cumbre
Tras la confirmación oficial, desde la organización de conservación de la naturaleza WWF apuntaron que “las expectativas de una COP25 exitosa siguen vigentes” y comprometieron a redoblar sus esfuerzos para alcanzar avances significativos frente a la crisis climática global.
En un comunicado, Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, indicó que lo más importante es que las negociaciones contra el cambio climático “no se detengan, que los países sigan reportando sus compromisos y que el multilateralismo salga reforzado”.
El responsable de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, opinó en declaraciones a EFE, que el Gobierno español ha sido “muy valiente” al proponer a Madrid como sede de la COP25. Posponer las decisiones que había que tomar en Chile hubiese supuesto un “problema de gobernanza mundial”, advirtió.
Ecologistas en Acción consideró que el gobernante español Sánchez ha permitido al presidente de Chile, Santiago Piñera, “zafarse” del foco internacional celebrando el encuentro en Madrid.
Según esta organización, en Chile la política extractivista o la política que “devasta” regiones completas “son ejemplos de lo que no es permisible”.
Esta es la primera vez que España organiza una cumbre del clima, pero no es la primera que alberga otras de la ONU; en concreto acogió las del tratado antártico de las que salió el Protocolo de Madrid, que establece una moratoria sobre las actividades mineras en la Antártida.
