El proyecto pretendía que todos los candidatos a cualquier cargo electivo estén obligados a presentar una rendición de cuenta de sus gastos de campaña. Para ello debían habilitar a título personal una cuenta corriente en un banco, una cuenta que estarían obligados a utilizar para recibir los aportes y realizar los pagos de su campaña. Además, debían contar necesariamente con un número de RUC (Registro Único del Contribuyente). De esta forma, todas sus operaciones podrían ser monitoreadas por la Justicia Electoral, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y Hacienda.
Los diputados del oficialismo colorado (maristas), los de la disidencia republicana (cartistas) y varios liberales (llanistas) se encargaron de destrozar el proyecto de ley, de forma que sea prácticamente inaplicable. Primero que nada, excluyeron de la reglamentación las internas partidarias, cuando que es justamente en las primarias donde corre la mayor cantidad de dinero de origen ilegal. Luego, sacaron del esquema de control a la Seprelad. La herramienta de control se transformó así en detergente para lavar fondos espurios.
Pero vayamos a las supercherías esgrimidas como excusa para mantener bajo siete llaves la identidad de los financistas políticos. La primera y más infantil de todas es que es imposible exigir a toda persona que se postule a un cargo electivo que tenga RUC, porque si así fuera, aquellos de condición humilde, como un maestro o una ama de casa, jamás se meterían en la política. Resulta que, de acuerdo con nuestra legislación, para abrir un pequeño almacén de barrio, o un copetín para vender empanadas, es obligatorio estar inscripto en el registro único de los contribuyentes y tener un número de RUC. Es más, ahora, con el nuevo régimen RESIMPLE, incluso una vendedora de yuyos debe tener RUC.
O sea que, para vender yuyos o empanadas estamos obligados a tener RUC, pero –según diputados cartistas– para postularnos a un cargo remunerado con dinero público no es necesario. En puridad, esto es exactamente lo que ya está pasando. La prueba es que Hacienda tuvo que multar e inscribir de oficio a varios legisladores que no tenían RUC. Y no eran amas de casa. Uno de ellos es un abogado que hoy está procesado por narco, y otra, la hija de quien fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia.
La siguiente excusa es que habiendo cientos de miles de candidatos es imposible que los bancos habiliten cuentas corrientes para todos ellos. Falso. El Estado paga religiosamente sus salarios a más de 300 mil funcionarios, mes a mes, a través del sistema financiero. Para eso, cada uno de ellos tiene una cuenta corriente habilitada en el Banco Nacional de Fomento o en algún banco privado. ¿Cuál es el impedimento técnico de que se aplique el mismo sistema para cualquier candidato?
La tercera excusa raya el insulto. Los colorados alegan que los postulantes a los cargos solo pueden ser considerados candidatos una vez que pasaron las internas. O sea, es una cuestión de semántica. Basta con que la ley diga candidatos y precandidatos.
La cuarta se inscribe en el mismo nivel ofensivo. Alegan que hay candidatos que se postulan a cargos partidarios que no tienen remuneración del Estado. Un artículo o un agregado aclarando que no se incluye a quienes disputen cargos ad honórem soluciona de una el “problema”. Últimamente, referían que solo había que hacer estas exigencias a quienes se postulan a cargos donde serán administradores de dinero público, como si a los narcos y empresarios no les interesara financiar las campañas de legisladores y concejales.
Como ven, no hay una sola excusa válida para impedir el control personal en el financiamiento de las campañas, salvo que a muchos políticos les moleste dejar de estar bajo la eterna sospecha de que operan para empresarios o narcos. Ahora tendremos la certeza. Si es eso, esos políticos tienen razón.
