El blanqueo de la Justicia a un dizque senador de la República, abogado según cuestionados papeles, es una de las tantas manchas ignominiosas que ataca frontalmente a quienes se sacrifican para ejercer una profesión con los rigores académicos que se exigen. Es una cachetada feroz, una burla atroz, una decisión que nos desnuda realmente como país, que expone las incoherencias que nos afectan, la poca institucionalidad que tenemos.
Con este tipo de situaciones no importan los grados de inversión, la macroeconomía sirve menos todavía y los programas sociales nunca serán suficientes. Se agrede el trabajo honrado, la meritocracia, el esfuerzo cotidiano de quienes están tratando de hacer bien las cosas. El sobreseimiento es un mensaje fuerte y claro de la impunidad para los que están en el poder, provoca náuseas, y el hedor traspasa las fronteras.
En el mismo día que expulsaban a un legislador que nunca debió ser tal, en medio del show mediático donde varios buscaban protagonismo y el oficialismo se hizo el ñembotavy tras haberlo salvado días antes, otro de la misma Cámara era limpiado asquerosamente, para que el ojo público acaso no estuviera tanto sobre él. Ningún baño judicial podrá asear tanta podredumbre, y ya son varios los que no deberían estar en el Senado, pero ellos prefirieron expulsar de su seno a quien decía la verdad, escupiendo también los más de cien mil votos que la habían llevado a ocupar un curul de verdadera representación del pueblo.
Creo que vale la pena reproducir aquí algo de lo que comunicó el Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) ante tamaño desprecio hacia los profesionales tras el desaire monumental de la Justicia. El organismo expresó “su profunda preocupación ante circunstancias que, consideradas en su conjunto, constituyen una amenaza grave al principio de igualdad ante la ley, a la vigencia del Estado de derecho y a la independencia de los operadores del sistema de Justicia”.
“La resolución dictada el 30 de marzo de 2026 por un Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, mediante la cual se decretó el sobreseimiento definitivo del senador, presenta inconsistencias argumentativas de tal entidad que no permiten tenerla como expresión de un razonamiento judicial sereno, riguroso, motivado, congruente, lógico, fundado e imparcial. En efecto, la resolución aplica institutos procesales de manera sesgada e incongruente, afirma la autonomía típica de los hechos punibles para validar la prescripción de uno de ellos y, acto seguido, niega esa misma autonomía para concluir en la imposibilidad de probar el otro, sin advertir que ambas proposiciones son lógicamente incompatibles. El resultado es la construcción de una apariencia de legalidad que, en los hechos, conduce a la impunidad de quien ocupa un curul en el Senado”. Alevoso, burdo por donde se lo mire.
El dedo siguió en la llaga purulenta que nos ensucia a todos: “La preocupación institucional se agrava ante denuncias de presiones o amenazas a agentes fiscales que intervienen en la causa, con el propósito de impedir o desalentar la revisión de la resolución ante la Corte Suprema de Justicia. El CAP repudia enérgicamente cualquier forma de intimidación contra operadores del sistema de Justicia y reafirma que la independencia del Ministerio Público y la integridad de sus miembros son presupuestos indispensables del Estado de derecho”.
Los abogados del gremio confían que la Corte Suprema de Justicia “habrá de examinar la resolución cuestionada y advertir las falencias que la comprometen”. “Un estudio fundado en las normas sustantivas y procesales aplicables, libre de toda presión y condicionamiento externos, permitirá corregir el rumbo y restituir a la causa el cauce que el ordenamiento jurídico impone. La sociedad paraguaya tiene derecho a que sus instituciones no claudiquen ante el poder político ni ante la amenaza; tiene derecho, en suma, a que la ley sea una y la misma para todos”. Ojalá, más pronto que tarde. Y a pesar de todo, ¡feliz Pascua!
