La administración de Jorge Brítez al frente del Instituto de Previsión Social (IPS) representó un periodo de involución institucional.
Brítez asumió en el 2023 con un discurso de reforma, que se desmoronó año tras año con las denuncias de corrupción en la práctica administrativa y negligencias médicas.
Entró con altas expectativas, fue designado por el presidente Santiago Peña, como un conocedor profundo de la “casa”, con una trayectoria de cuatro décadas dentro de la previsional.
Su mandato inicial se centró en la verificación de los procesos de licitación y en la promesa de que el asegurado recibiría la atención merecida, enfocándose en la salud como el área más sensible de la institución, materia que no cumplió.
Desde los primeros días, la administración Brítez señaló que heredó una institución en situación de crisis, con un fondo de salud con flujo de caja cero y un endeudamiento masivo con proveedores de medicamentos.
Sin embargo, la narrativa de la “herencia recibida” comenzó a desgastarse a medida que las nuevas adjudicaciones y decisiones administrativas replicaban, e incluso agravaban, los vicios de gestiones anteriores.
La promesa de una “reforma profunda” de la carta orgánica se convirtió en un recurso retórico recurrente ante cada crisis, sin que se lograran avances estructurales significativos.
Los reportajes de Última Hora revelaron una entidad que, lejos de sanearse, profundizó sus carencias operativas más básicas cobrándose vidas, mientras se dilapidaban recursos en licitaciones cuestionadas por su alto costo, consolidando a megaproveedoras que ingresaron en administraciones anteriores.
El fallecimiento de asegurados por falta de mantenimiento de equipos y la persistente carencia de medicamentos esenciales son el legado más sombrío de Jorge Brítez.
La auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) dejó constancia de un manejo financiero caracterizado por la discrecionalidad en el pago de beneficios en concepto de bonificaciones y una falta de control sobre la idoneidad del personal de blanco, con registros vencidos.
La renuncia de Brítez se da en medio de denuncias de corrupción y reiterados pedidos de intervención que en la Cámara de Diputados y Senadores no corrió.
El desabastecimiento
El stock cero se convirtió en el barómetro del fracaso de la gestión logística y financiera de la institución.
En 2024, se reportaban inicialmente 125 ítems sin stock; para abril de 2026, esta cifra se había elevado a 154, con picos de hasta 182 medicamentos críticos en falta total, afectando principalmente a los pacientes oncológicos, diabéticos e hipertensos.
La administración atribuyó esta situación a la “burocracia administrativa” y a las deudas con proveedores, pero los informes legislativos sugirieron que la falta de planificación y la priorización de otros gastos no esenciales fueron los factores determinantes.
Según reportajes de ÚH, la evidencia en los pasillos de IPS mostraba una falta aún mayor de medicamentos, ya que insumos básicos como sueros u omeprazol eran solicitados a los pacientes para su compra diaria, pese a figurar en existencia en los reportes oficiales del IPS sobre el estado de las farmacias internas.
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Colapso de equipamiento crítico y negligencia
La negligencia en el mantenimiento de equipos biomédicos se cobró la vida del asegurado Braulio Vázquez en marzo de 2026.
Falleció tras esperar 59 horas por un cateterismo que debió realizarse en 24 horas, debido a que el angiógrafo del Hospital Central estaba fuera de servicio por falta de mantenimiento correctivo.
La auditoría de la Superintendencia de Salud (Supsalud) reveló que los contratos de mantenimiento preventivo habían vencido meses atrás sin que la gestión de Brítez hubiera gestionado su renovación oportuna.
Una auditoría del IPS confirma graves fallos en el tratamiento interno, donde incluso se apunta a datos borrados del sistema sobre el tratamiento de Braulio.
Además en el mismo periodo se reportó que otro médico de la institución, el doctor Gustavo Fernández, sufrió un aneurisma y debió ser derivado a un sanatorio privado para su intervención, ya que el sistema de hemodinamia del IPS estaba inoperativo.
La respuesta de Brítez fue la destitución del director médico del Hospital Central y del director de Recursos Tecnológicos, medidas que fueron vistas como un intento de desviar la responsabilidad política directa.
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De 2025 a 2026 se registraron cinco denuncias de negligencia médica.
En 2025, en mayo, se denunció la muerte de un bebé, la acusación citaba que residentes “rompieron la bolsa” de la paciente para el parto en una sala común y el niño nació con moretones. El menor falleció a las 28 horas. Ademas después del alta a la madre le detectaron gasas dentro del útero.
En octubre, una niña de 7 años con patologías de base falleció tras una supuesta negligencia tras una extracción dental, por complicaciones posoperatorias.
Para 2026 se sumaron más negligencias. Solo el mes pasado en el Hospital Ingavi se extirpó la mama equivocada a una paciente oncológica.
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Irregularidades en Contrataciones
Mientras los hospitales carecían de lo básico y las compras de insumos llegaban a absurdos de esperas de más de un año, en contrapartida la administración de Jorge Brítez avanzaba con contratos que generaron fuertes sospechas de direccionamiento y sobrefacturación para servicios a proveedoras mimadas.
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La licitación para la provisión de textiles hospitalarios y el servicio de lavandería por un monto de G. 160.000 millones, cuestionada por el diputado Mauricio Espínola.
Se denunció que el IPS pagaba aproximadamente G. 300.000 por “evento”, entendido como el proceso de uso y lavado de una sola sábana, un precio superior al costo de compra de una sábana nueva en el mercado minorista.
La defensa de la institución –liderada por el gerente de Salud, Derlis León– argumentó que el costo incluía estándares de bioseguridad para evitar infecciones intrahospitalarias, pero el vínculo de las empresas adjudicadas con figuras políticas elevó la controversia.
Entre las firmas beneficiadas se encontraban empresas ligadas a los hijos del senador Luis Pettengill y a familiares cercanos del presidente de la República, Santiago Peña, lo que sugirió un esquema de pago de favores políticos con fondos de la seguridad social.
En contraste, los parientes de pacientes recorren los pasillos con sábanas traídas de sus casas para cubrir la necesidad de falta de estas condiciones básicas de una sala de internación.
La administración Brítez impulsó una licitación de casi G. 17.000 millones para la instalación de sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial.
Esta decisión fue duramente criticada por legisladores como Rubén Rubin y parlamentarios de la oposición, quienes cuestionaron que se invirtieran millones de dólares en seguridad electrónica y software de análisis forense mientras los pacientes con cáncer debían comprar sus propios insumos de quimioterapia.
La falta de trazabilidad en el gasto y la percepción de que el presupuesto se destinaba a rubros que generaban “comisiones” rápidas fue un tema recurrente en las investigaciones de la prensa.
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Auditoría de la Contraloría
El informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el ejercicio 2024 fue lapidario para la gestión de Jorge Brítez. Se detectaron pagos irregulares por casi G. 5.000 millones en concepto de bonificaciones que no se ajustaban a la ley de presupuesto ni a las normativas internas del instituto.
La CGR constató que el IPS pagó más de G. 3.471 millones en bonificaciones por títulos de grado y posgrado por encima del tope legal establecido de G. 1.500.000. En algunos casos, los funcionarios percibían hasta G. 1.900.000 mensuales extras, sumando montos por grado y posgrado de manera ilegal.
Asimismo, se detectaron erogaciones por G. 1.466 millones por “responsabilidad administrativa” a directores que no cumplían con los requisitos para dicho beneficio.
Un hallazgo particularmente grave de la Contraloría fue la existencia de G. 34.706 millones pagados en salarios a profesionales de la salud que ejercían sus funciones con registros profesionales vencidos o sin la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud.
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Gestión de inmuebles
La auditoría también puso bajo la lupa la administración del patrimonio inmobiliario del IPS.
Se denunció que inmuebles de altísimo valor, como la denominada Manzana T en Asunción, contaban con contratos de alquiler por montos irrisorios (alrededor de G. 130 millones mensuales por 30 locales comerciales), o directamente se encontraban invadidos sin que la Asesoría Jurídica iniciara procesos de desalojo o regularización.
Legisladores como la diputada Kattya González y Rocío Vallejo cuestionaron la falta de transparencia en los arrendamientos de inmuebles en Ciudad del Este y San Bernardino, sugiriendo que los bienes del IPS estaban siendo utilizados para el lucro de sectores privados cercanos al poder político.
Corrupción interna con los asesores
La administración Brítez se vio sacudida por denuncias de enriquecimiento ilícito dentro de su círculo de confianza. El caso más notorio fue el del abogado José González Maldonado, asesor jurídico del IPS, cuyo patrimonio neto aumentó un 215% en apenas 15 meses de gestión.
Según sus declaraciones juradas, el patrimonio de González pasó de G. 276 millones en septiembre de 2023 a G. 870 millones en febrero de 2025.
Este aumento fue justificado por el funcionario a través de la percepción de honorarios profesionales derivados de juicios ganados contra empresas deudoras de la previsional, citando una ley que permite a los abogados del instituto cobrar regulaciones de honorarios.
La Fiscalía abrió una investigación por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito contra González en abril de 2026, lo que debilitó aún más la posición de Jorge Brítez, quien siempre defendió la legalidad de los cobros de su asesor.
Situación de los pacientes renales en el interior
Un aspecto crítico denunciado por Última Hora fue la situación de los pacientes renales en departamentos como Alto Paraná.
Adolfo González, presidente de la Asociación de Pacientes Renales de la zona, denunció que solo contaban con una máquina de diálisis operativa para una demanda creciente, obligando a los pacientes a recurrir a centros privados donde cada sesión costaba hasta G. 400.000.
La falta de personal técnico para cubrir los fines de semana en los hospitales regionales evidenció la centralización excesiva de la gestión y el abandono de las unidades de salud fuera de la capital.
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El ocaso político
En febrero de 2026, Brítez fue convocado por la Comisión Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre las denuncias de corrupción y la muerte de asegurados.
En ese encuentro, Brítez se jactó del apoyo del presidente Santiago Peña y atribuyó las críticas a una “persecución política”, afirmando que “ni aunque venga un genio de Harvard” se podría solucionar la situación del IPS debido a su crisis estructural.
Y, en general, sus respuestas sobre las licitaciones direccionadas y el aumento patrimonial de sus asesores fueron consideradas insuficientes.
El diputado Rubén Rubin abandonó la sala calificando la gestión como un “carnaval”, mientras que la oposición parlamentaria comenzó a trabajar en un pedido de juicio político y una interpelación formal, que no corrió.
Igualmente con la salida de Brítez, siguen pendientes más de cinco pedidos de informes solicitados desde el Senado por Rafael Filizzola y de Diputados por Rocío Vallejo, entre ellos los que corresponden a la colocación de capital en bancos, desabastecimiento, corrupción en licitaciones públicas.
Además, desde la Contraloría General de la República, que recientemente solo dio a conocer las observaciones de cumplimiento de la gestión 2024, falta el análisis del periodo 2025 además de más de siete auditorias por denuncias específicas.
