Sin contrato e incluso antes de terminar el proceso de adjudicación, el Instituto de Previsión Social (IPS) permitió que una empresa opere como adjudicada en licitación para el mantenimiento de ascensores por G. 3.500 millones.
En una investigación la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) encontró una cadena de irregularidades que remitió a la Contraloría General de la República. El caso debe ser abordado por el Consejo de Administración del IPS mañana.
La empresa involucrada en el proceso es Renfe SA, representada por Andrea Carolina Aranda Duarte, según documentos de la DNCP. La firma resultó beneficiada en tres ocasiones consecutivas y cuenta con antecedentes de inhabilitaciones durante los años 2019 y 2020.
El documento de la DNCP, de unas 31 páginas, subraya que la firma adjudicada, Renfe SA, ya se encontraba realizando trabajos de mantenimiento preventivo en los ascensores del Hospital Central sin contar con un contrato formalmente suscrito ni vigente dentro del sistema oficial de compras públicas.
Según la DNCP, esa situación vulneró de forma directa el principio de legalidad, ya que ningún servicio puede ejecutarse sin respaldo contractual válido dentro del régimen de contrataciones públicas. Un escenario similar fue publicado en ÚH, con relación a las máquinas de triage, cuya licitación está suspendida; no obstante, uno de esos aparatos se encuentra instalado en la Clínica 12 de Junio del IPS.
La investigación también concluyó que el IPS formalizó el Contrato Nº 135/2025, el 30 de abril de 2025, sustentado en una resolución de adjudicación que posteriormente fue anulada por la propia DNCP tras protestas promovidas por otras empresas participantes. Al quedar sin efecto el acto administrativo que daba origen al contrato, el vínculo perdió fundamento jurídico y validez legal. En términos prácticos, se trató de un contrato sin base normativa firme.
CRÍTICA
En la sesión pasada del Consejo de IPS, el nuevo presidente Isaías Fretes se despachó sobre las irregularidades. “No logro comprender cómo una empresa con la oferta más costosa puede ser adjudicada en repetidas ocasiones, especialmente si su propietaria no cuenta con antecedentes claros de transparencia. Este es el verdadero núcleo del problema, y debe resolverse cuanto antes”, expresó.
BOICOT AL DENUNCIANTE. En la lista de irregularidades se puntualiza que la DNCP inició una investigación sobre Renfe SA a partir de una denuncia protegida; posteriormente se presentó una nota para desestimar esa denuncia por una persona supuestamente ligada al primer denunciante, por lo que se habla también de una presunta suplantación de identidad dentro del sistema de denuncias protegidas de la DNCP.
Según consta en la Resolución DNCP Nº 999/26, el hecho fue reportado el 22 de diciembre de 2025 por el denunciante anónimo legítimo del Caso Nº 221/25, quien aseguró que nunca presentó desistimiento alguno y denunció una maniobra para frenar la investigación administrativa. De acuerdo con la presentación del denunciante protegido, el 1 de agosto de 2025 fue incorporada al expediente una nota de “supuesto desistimiento”. En ese documento se solicitaba el cierre del procedimiento, invocando disposiciones del Decreto Nº 2264/24 y de la Resolución DNCP Nº 4400/23. El denunciante real reaccionó y calificó esa nota como “material e ideológicamente falsa”. En su escrito sostuvo de forma categórica que “no corresponde en ningún momento al denunciante real del Caso Nº 221.
- Es muy llamativo que la UOC en tres oportunidades le dé a la misma empresa. ¿Qué sucedió? ¿Por qué gana siempre la misma? Es una firma reiteradamente cuestionada, además de tener el precio más costoso.
- G. 3.500 millones es el monto de la Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Hospital Central del IPS.
