Hace un par de meses, una publicación de ÚH advertía que se empezaba a encender la alerta roja en la Caja Fiscal con base en los boletines estadísticos del Ministerio de Trabajo (www.ultimahora.com/c2950442).
El documento de la cartera laboral indicaba que en el sector civil de la previsional pública (Administración Central, docentes y magistrados judiciales) se tiene a cuatro aportantes por cada jubilado, pero se necesitan también de esos cuatro aportantes para pagar a un jubilado, algo que se denomina un empate técnico. En el sector no civil (militares y policías), la cosa era mucho más grave, ya que se tienen tres activos por cada jubilado, pero se necesita de cinco activos para pagar a un jubilado.
A esto se suman las enormes inequidades que existen entre los diferentes sectores que conforman la Caja Fiscal. A modo de ejemplo, un funcionario de la Administración Central debe aportar un mínimo de 20 años para jubilarse, debe contar con una edad mínima de 62 años y al retirarse recibirá un haber del 47% de su salario promediado. Por otra parte, un docente puede jubilarse ya a los 45 años, con 25 años de aporte y una tasa de sustitución o un haber de retiro del 83%; mientras que un militar o un policía deben aportar solo 15 y 10 años como mínimo para jubilarse, respectivamente, y ni siquiera tienen una edad mínima para pasar a retiro.
Esta situación fue traducida a los números por el Ministerio de Hacienda en su reciente informe de finanzas públicas, edición 2022.
El reporte fiscal hace un recuento del cierre del 2020, la estimación de cierre de este 2021 y la proyección del déficit en el corto y mediano plazo. Es así que el documento da cuenta de que en el 2020, la Caja Fiscal cerró el año con un saldo rojo de USD 150 millones. Para este año, por su parte, se proyecta un crecimiento del 23%, con lo que el déficit llegaría a los USD 184 millones al término de diciembre.
Pero la fragmentación del sistema jubilatorio público, con problemas en la relación aportes/jubilaciones, diferentes esquemas de contribución y privilegiados retiros en algunos regímenes, hará que el saldo rojo solo vaya aumentando en los próximos años. De acuerdo con el informe de finanzas públicas 2022, ese saldo rojo irá aumentando hasta llegar a la friolera suma de USD 3.535 millones en el 2029, es decir, en solo ocho años más.
Con este panorama, el Ministerio de Hacienda afirma que en el 2026 se agotarían las reservas de la Caja Fiscal.
Ante esto, la cartera que lidera el Equipo Económico Nacional subraya que es urgente la realización de una reforma del sistema jubilatorio público. Alega que “sobre la base de la literatura y las evidencias empíricas”, esa reforma debe estar basada en ajustes a los parámetros actuales, tales como los años de aporte, tasas y edad de retiro, entre otros.
En un esquema de reparto solidario con beneficios definidos, donde los funcionarios activos financian a los jubilados, estos datos generan solamente preocupación y llaman a un urgente consenso para asegurar la sostenibilidad de la Caja Fiscal en el tiempo.
El Gobierno, como conductor de las políticas públicas y como garante del bienestar de los ciudadanos, debe dar el primer paso. Dentro de su plan de reactivación, se había incluido un proyecto de reforma integral del sistema de jubilaciones. Incluso, se llegó a trabajar hace unos meses en un proyecto de emergencia con aportes adicionales para evitar, al menos por el momento, el colapso de la previsional. Sin embargo, ambos proyectos no pasaron de ser solo eso, proyectos.
Los tiempos electorales no coinciden con los tiempos de la Caja Fiscal, por lo que ahora es el momento de sentarse a hablar de la previsional pública y buscar soluciones en algo que parece la crónica de una muerte anunciada.
Está en riesgo la jubilación de miles de personas y no es conveniente para nadie que esa situación se convierta en un volcán social.
