La reciente condena al Estado paraguayo a indemnizar con más de G. 600 millones a una mujer que pasó tres años y medio privada de libertad para luego ser declarada inocente vuelve a poner sobre la mesa un problema que trasciende un caso particular: La necesidad de fortalecer la formación práctica de los agentes fiscales y mejorar sus capacidades en materia de investigación penal.
La función del Ministerio Público exige mucho más que el conocimiento teórico de las normas. Investigar hechos punibles requiere dominio de técnicas de recolección y valoración de evidencias, capacidad de análisis crítico de los indicios disponibles y criterio suficiente para distinguir entre sospechas y pruebas sólidas. Cuando estas habilidades son insuficientes, el riesgo de errores aumenta considerablemente y las consecuencias recaen no solo sobre las personas afectadas, sino también sobre la credibilidad de todo el sistema de justicia.
La prisión preventiva constituye una de las medidas más gravosas que puede sufrir un ciudadano antes de una condena firme. Por ello, las investigaciones que la sustentan deben estar respaldadas por elementos objetivos, verificables y obtenidos mediante procedimientos rigurosos. Los casos que terminan con absoluciones luego de años de privación de libertad evidencian que todavía existen deficiencias que deben ser abordadas con seriedad y autocrítica institucional.
La respuesta no pasa únicamente por aumentar la cantidad de cursos o capacitaciones. Es indispensable que la formación de los fiscales incorpore una dimensión eminentemente práctica, con entrenamiento permanente en técnicas investigativas, análisis de evidencia, construcción de hipótesis criminales y estándares probatorios. El ejercicio de la acción penal no puede depender exclusivamente de conocimientos académicos; requiere competencias operativas que permitan adoptar decisiones fundadas y responsables.
Asimismo, resulta necesario que los órganos encargados de seleccionar y nombrar a quienes ocuparán cargos en el sistema de Justicia otorguen mayor relevancia a la experiencia práctica, la preparación técnica y la aptitud demostrada para conducir investigaciones complejas. La calidad institucional de la persecución penal comienza mucho antes de la designación de un fiscal y depende, en gran medida, de los criterios utilizados para evaluar a los candidatos.
Las indemnizaciones por errores judiciales constituyen una reparación necesaria para quienes han sufrido un daño injusto. Sin embargo, ningún resarcimiento económico puede devolver los años perdidos ni reparar plenamente las consecuencias personales, familiares y sociales derivadas de una privación indebida de libertad. Por ello, más importante que indemnizar es prevenir. Y para prevenir, el sistema debe apostar por una mejor selección de sus operadores y por una formación práctica que reduzca al mínimo la posibilidad de que hechos similares vuelvan a repetirse.
- Los casos que terminan con absoluciones luego de años de privación de libertad evidencian que todavía existen deficiencias.
