“La resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad insta a Israel a cesar de inmediato y por completo todas las actividades de asentamiento en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este (...) Sin embargo, las actividades de asentamiento han continuado”, denunció Wennesland.
Durante una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el conflicto palestino-israelí, el funcionario detalló las políticas que Israel ha desarrollado en los últimos tres meses para expandir los asentamientos en Cisjordania ocupada, considerados ilegales por el derecho internacional.
El martes, Israel aprobó una ley que permite a colonos judíos regresar a cuatro asentamientos en Cisjordania ocupada que habían sido evacuados en 2005.
Además, anunció en febrero que legitimará nueve asentamientos judíos en Cisjordania -que el propio Israel consideraba ilegales- y autorizó la construcción de 7.200 viviendas.
Wennesland subrayó la toma en diciembre, por parte de colonos judíos, de una parcela agrícola arrendada por la Iglesia ortodoxa griega desde 1931 en el barrio palestino de Silwan, en Jerusalén Este ocupado.
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El funcionario también destacó que Israel ha demolido o confiscado al menos 331 estructuras de propiedad palestina en Cisjordania o Jerusalén Este desde diciembre, lo que derivó en el desplazamiento forzado de 388 personas, incluidas 89 mujeres y 197 niños. De esas estructuras, 61 habían sido financiadas por donativos a través de ONG humanitarias internacionales.
Estas declaraciones surgen luego de que varios países, incluyendo Estados Unidos -gran aliado de Israel-, rechazaron las políticas de expansión de asentamientos del Gobierno israelí, el más derechista y religioso de su historia.
También surgen en medio de una seria escalada de violencia en la zona, que ha dejado 86 palestinos muertos en lo que va de 2023 y 15 fallecidos del lado israelí. Se trata del arranque de año más mortífero en la región desde el 2000.
Wennesland lamentó que tanto milicias palestinas como ministros israelíes utilicen una retórica incendiaria y racista, y rechazó varias políticas recientemente adoptadas por Israel que socavan la solución de dos Estados al conflicto.
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Israel retiene ingresos fiscales de la Autoridad Nacional Palestina por unos 39 millones de dólares, aumentó sus violentas redadas en Cisjordania, aplicó castigos colectivos por los ataques de palestinos y nuevas restricciones a los presos. También aprobó una ley que permite revocar la ciudadanía de ciudadanos o residentes israelíes encarcelados por delitos relacionados con el terrorismo.
Autoridades palestinas, representantes de Israel, Egipto, Jordania y Estados Unidos, acordaron recientemente en una cumbre rebajar la escalada. Sin embargo, la situación es de máxima tensión en la víspera del inicio del Ramadán, el mes sagrado musulmán, cuando se suele exacerbar la violencia entre palestinos e israelíes.
“Insto a todas las partes a que se abstengan de tomar medidas unilaterales que aumenten las tensiones” durante este periodo, recalcó Wennesland.
