La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional retomó este lunes el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, iniciando con el plan de gastos para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, donde se presentaron nuevamente varios cuestionamientos sobre la gestión actual.
Durante su primera intervención, la ministra recordó que el presupuesto para el 2026 sería de G. 10,1 billones (USD 1.293,6 millones, al tipo de cambio de G. 7.881 estimado para el año que viene). Pese a que representa un aumento de 4,9% frente a lo aprobado para este 2025 o G. 479.590 millones (USD 60,8 millones) más, aún es bajo, ya que es solo 2,5% del PIB y 6,8% del presupuesto total.
El 50% de dicho plan, es decir, G. 5,1 billones (USD 653 millones), iría para servicios personales o salarios del personal de blanco; el 35% para bienes de consumo e insumos, con G. 3,5 billones (USD 451 millones); solo 5% o G. 483.000 millones (USD 61 millones) para inversión física; el 4% o G. 377.000 millones (USD 48 millones) para transferencias, y unos G. 24.000 millones restantes para otros gastos.
Mientras tanto, durante un extenso intercambio de preguntas y respuestas, tanto senadores como diputados cuestionaron la baja inversión de Paraguay en el área de Salud y reclamaron que incluso se dieron reducciones en presupuestos para hospitales públicos, a pesar de los constantes reclamos de la ciudadanía por la falta de insumos y medicamentos.
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“Hay una insatisfacción general, desde el punto de vista de la infraestructura, de la atención. (...) ¿Cómo se puede estar conforme si tenemos el menor presupuesto en la región de Latinoamérica? No sé si me pasaron mal el dato, pero hay una reducción en hospitales”, criticó el senador Ignacio Iramain Riquelme, quien presentó algunos números macroeconómicos de Paraguay en salud.
Señaló que se estima que solo se destinan alrededor de USD 215 per cápita por año para la salud de unos seis millones de habitantes, o USD 270 en caso de descontar los cerca de dos millones que forman parte del seguro del Instituto de Previsión Social (IPS).
“Si calculamos sobre la base de G. 7.500, son G. 2.000.000 anuales, G. 170.000 mensuales, el más bajo de Latinoamérica. Porque tenemos 40% de gasto de bolsillo. ¿Cuál es el modelo para reducir como recomienda la OPS (Organización Panamericana de la Salud) por debajo del 20% el gasto de bolsillo? ¿Cuál es el modelo de salud que tiene nuestro país? ¿Con qué criterio se construyen los hospitales?”, consultó.
Detalló que, en caso de aprobar tal como está el PGN 2026, se otorgarían incluso menos recursos en centros de salud como el Hospital de Trauma, el Hospital Nacional de Itauguá, el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, el Hospital General de Barrio Obrero y el Hospital General de Luque, además del Plan Sumar, una iniciativa integral contra el abuso de las drogas.
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“Me resulta muy difícil que nosotros podamos decir que estamos bien. Hemos pedido informe con respecto a cómo se maneja el Fonaress (Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud), y no tenemos ninguna información, solamente que disponen de USD 21 millones, que no se sabe cómo se usa, cuando que ese fondo debiera ser el fondo para que podamos recurrir cuando tenemos enfermedades catastróficas o oncológicas”, remarcó, concluyendo en que “gestión es el problema”.
Igualmente, la senadora Esperanza Martínez reclamó la baja cobertura en cuanto a la vacunación. Recordó que para el 2025 se tuvo apoyo de bonos soberanos para pagar las vacunas, mientras que hubo reprogramaciones por más de USD 200 millones, por lo que consultó cómo se prevé lograr una cobertura adecuada para el próximo año.
"¿Se hará una adenda? Estoy segura de que el programa está bajo en todos lados y encima vamos a tener menos vacunas. (...) Otro tema es el desabastecimiento. Si uno mira el presupuesto histórico desde el 2005 o 2010, de G. 500.000 millones estamos en casi 600 veces más de presupuesto en medicamentos, pero es el reclamo ciudadano más fuerte. ¿Dónde está el problema? ¿Es la deuda, es la distribución? ¿Por qué si tenemos 600 veces más en los últimos tres periodos de gobiernos sigue estando el reclamo frecuente de Salud?, cuestionó.
Con respecto a la disminución de los presupuestos, la ministra Teresa Barán respondió que con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revisaron la situación de cada hospital y que acordaron que para el año que viene, en base a las necesidades, se buscará compensar la reducción a través de ampliaciones presupuestarias. Aunque reconoció que “no es suficiente”, defendió que el PGN 2026 ya contempla un aumento para Salud de 30% frente al 2021.
“Lo ideal es que tengamos casi el 7% del PIB para poder llegar a la mejor atención y disminuir ese alto gasto de bolsillo que hoy tenemos, pero también con relación al 2021 nosotros tenemos ya un 30% mayor. No es suficiente, pero tenemos que ir buscando la manera de ir mejorando. Pero también es importante tener en cuenta que uno de los objetivos es mejorar el gasto público para poder comprar mejor”, afirmó.
Destacó algunas obras que se fueron concretando con la actual administración, el trabajo coordinado con el Ministerio de Justicia para la recuperación de las personas reclusas, así como los proyectos para centros comunitarios que se prevén en zonas como Cordillera, Ypacaraí y Mariano Roque Alonso a través del Banco Mundial.
Con respecto a Fonaress, afirmó que la Contraloría General de la República no detectó ninguna malversación, en tanto que desde el Ministerio de Salud se está elaborando el manual de procedimientos para casi 90 pacientes que son atendidos a través de dicho fondo.
Al ser consultada también respecto a la deuda interna de la cartera sanitaria con las farmacéuticas, Barán mencionó que arrastran entre USD 300 y 350 millones, pero que por recomendación del titular del MEF, Carlos Fernández Valdovinos, los pagos se están haciendo de manera proporcional, a fin de tener un flujo de caja permanente para cumplir con el pago. “Pero sí es algo que se viene arrastrando administración tras administración”, reconoció.
El proyecto de PGN 2026 contempla un aumento de USD 236 millones para salarios de la función pública y aunque uno de los sectores que impulsan este incremento es justamente el sanitario, la inversión en salud continúa siendo insuficiente.
