A través de una nota firmada por Riera se pidió la apertura de una investigación de las denuncias realizadas por medios escritos que tienen relación con las adjudicaciones destinadas a distintas empresas para la construcción y reparación de aulas.
El pedido fue realizado a Juan Manuel Arce Leiva, director del departamento de Transparencia y Anticorrupción de este ministerio.
El proceso licitatorio se emprende con mucho hermetismo en la cartera estatal, que hasta la fecha aparentemente no remitió los documentos de las adjudicaciones a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Entre las denuncias en contra de la administración del MEC se señalan empresas que aparentemente no cumplirían los requisitos para las licitaciones.
Una de las empresas adjudicadas para obras de infraestructura en Itapúa es el Consorcio Itacuá, a la que el MEC adjudicó G. 36.432 millones.
La socia mayor de la empresa es Nancy Godoy, de la Distribuidora Fénix SA (salpicada por hechos de corrupción) y propietaria de Granos y Aceites. Tanto Fénix SA como Granos y Aceites son dos de las más grandes proveedoras de almuerzo y merienda escolar en el país.
La cartera educativa justifica este procedimiento indicando, en un comunicado, que la entidad privada cumple con todos los requisitos para participar del llamado público.
A cuatro meses de la emergencia educativa en infraestructura escolar, declarada por el presidente Horacio Cartes, apenas cuatro de los catorce lotes licitados por el MEC fueron adjudicados para iniciar trabajos en instituciones educativas. En estos lotes figura el Nº 13, entregado al Consorcio Itacuá.
Son alrededor de 4.000 los establecimientos escolares donde urgen refacciones, restauraciones o construcciones.
Mientras, las obras en la capital y otros puntos del territorio se dilatan y los estudiantes dan clases bajo árboles, carpas o aulas móviles.
