Para el senador Ignacio Iramain, quien sustituyó a la expulsada Kattya González, es muy improbable que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que debe tratar la acción de inconstitucionalidad presentada por la ex senadora, ceda al pedido, por lo que habló de un posible “paquete” acordado y atado a los pedidos de inamovilidad.
El legislador opositor expresó su desconfianza hacia la máxima instancia judicial, tras rechazarse las recusaciones presentadas contra miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la acción de la ex senadora sobre su destitución en febrero de 2024.
El senador señaló que el retraso de más de un año en resolver el tema demuestra que está dentro de un cálculo político establecido.
“Sorpresivamente también está el caso de la inamovilidad en discusión, y creo que viene todo dentro de un paquete, se va a habilitar esto, se va a, probablemente, rechazar la inconstitucionalidad de Kattya, y está previsto dentro del juego político que es el acuerdo entre el Poder Judicial y los cartistas”, expresó.
Iramain dijo que es una afirmación pública que el Poder Judicial recibe órdenes y está subordinado al poder político, y que el tema de la inamovilidad también lo demuestra.
“Para nada ha resuelto el problema o las expectativas que teníamos como ciudadanos que el Poder Judicial tenga más independencia, hasta ahora eso no ha sucedido. Este es un Poder Judicial sometido, además de corrupto”, dijo.
Indicó que fueron varias las señales con relación a este tema, como, por ejemplo, la mafia de los pagarés, la falta de fallos institucionales (como el caso Kattya), y otros, que demostraron que el Poder Judicial está arrodillado y subordinado al poder.
“Políticamente, todos los indicadores, signos y síntomas dicen que eso va a ser así (rechazo a la acción de Kattya)”, lamentó Iramain, y dijo que, probablemente, la Corte diga que no les compete y dejan en el área del Legislativo, mientras ellos resuelven su propia inamovilidad”, indicó.
Postura cartista. El senador oficialista Silvio Beto Ovelar dijo que lo que resultaría de una decisión a favor o en contra de la reposición de Kattya González por parte de la Corte, demostraría la “independencia de los poderes”.
“Finalmente, esto demuestra una independencia de los poderes, en este caso del Poder Judicial en querer interpretar la constitucionalidad o no de las medidas”, alegó.
“Y bueno, quedará en manos de ellos el pronunciarse en el tiempo que ellos consideren corresponde”, dijo.
Reconoció que es muy probable que la Cámara, en el caso de que la Corte remita un fallo a favor de la reposición, vaya a rechazar tal fallo.
“Ya tenemos jurisprudencia en otros casos el de doctor Nicanor Duarte y de Horacio Cartes, y el pleno decidió no hacer lugar a esos fallos”, indicó como ejemplos.
Cabe recordar que la bancada cartista y aliados habían sumado 23 votos para destituir a la senadora opositora. González era considerada una de las voces más críticas del oficialismo en Senado.
En contrapartida, se cuestiona que el cartismo mantenga en sus filas a procesados por la Justicia.
Datos Personales: Hoy podría ser finiquitado
La Cámara de Senadores tiene previsto tratar hoy el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales. El documento se encuentra en el punto 3 del orden del día de la sesión ordinaria.
Basilio Bachi Núñez, presidente del Congreso Nacional, adelantó que el oficialismo, compuesto por 14 integrantes, tomará una decisión sobre qué versión apoyar recién hoy, tras la reunión en bancada, aunque la tendencia ratificar el texto de la Cámara Alta.
La versión del Senado del proyecto de Ley de Protección de Datos Personales es considerada la “menos dañina”, y este es el argumento de varios senadores para anunciar que votarán por esta versión.
Los legisladores que apoyan la normativa son Basilio Bachi Núñez (ANR oficialista), Luis Pettengill (ANR disidencia), Blanca Ovelar (ANR disidencia), Orlando Penner (ANR disidencia), Mario Varela (ANR disidencia), Patrick Kemper (ANR disidencia), Celeste Amarilla (PLRA), Éver Villalba (PLRA), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Walter Kobylanski (Cruzada Nacional), Gladys Mendoza (Cruzada Nacional), Rubén Velázquez (Yo Creo) e Ignacio Iramain (Independiente).
Hubieran sido 15, pero dos senadores de la multibancada anunciaron que no participarán de la sesión de hoy; ellos son José Oviedo (Yo Creo) y Eduardo Nakayama (Independiente).
Ambos están de viaje en el exterior, el primero en Argentina para una reunión sobre inteligencia artificial con otros legisladores del continente. Nakayama se encuentra en Bruselas, Bélgica, para participar de un encuentro relacionado con la Alianza Interparlamentaria sobre China. Ambos ya habían adelantado también sus intenciones de votar por la versión Senado.
Para la ratificación de la versión Senado se necesitan 23 votos (mayoría absoluta de acuerdo con la Constitución Nacional). Con esto, solo faltarían 10 votos más.
En contrapartida, existe otro grupo de senadores que aún no definieron una postura. Además del oficialismo colorado (a excepción de Bachi), compuesto por 14 senadores, tampoco hay una posición oficial de la bancada B del PLRA, integrada por Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera y Édgar López.
Uno de los opositores que aún no sentaron postura es Rafael Filizzola, del PDP.
El pasado 14 de octubre, la Cámara de Diputados se ratificó en su versión del proyecto de Ley de Protección de Datos Personales. De esta manera, pasó al Senado para el cuarto y último trámite constitucional.
Los senadores, tienen dos opciones; la primera, es sancionar su versión, para lo cual necesitan una mayoría absoluta (23 votos como mínimo). En caso de que no registren esta cantidad de votos, se sancionará la versión de Diputados.
Una de las modificaciones sustanciales y trascendentales del Senado como cámara revisora fue en el artículo 24. Legisladores de la oposición y activistas por la transparencia gubernamental señalan que este artículo restringe la información. Si se aprueba, pasa al Ejecutivo.
13 senadores de distintas bancadas apoyan la normativa con las modificaciones introducidas por la Cámara Alta.
23 votos necesitan los congresistas para que el proyecto sea aprobado con las polémicas modificaciones.
