Las denuncias sobre presuntas irregularidades en las recientes internas partidarias no se limitan al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Desde sectores de la disidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) también trascendieron cuestionamientos relacionados a las elecciones internas del 7 de junio.
Según referentes colorados, el ex vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, habría reconocido ante dirigentes de su equipo que tiene “las mismas sospechas”, sobre presuntas irregularidades en las urnas electrónicas.
El malestar se instaló entre dirigentes de la disidencia colorada, quienes quedaron disconformes con los resultados obtenidos a nivel nacional en las internas simultáneas y mantienen dudas sobre la transparencia del proceso en varios distritos y mencionan sospechas de una eventual “carga irregular de votos”.
No obstante, el ex vicepresidente exhortó a todos los dirigentes de su equipo a respaldar a los candidatos del Partido Colorado, quienes en su mayoría son de Honor Colorado.
Cabe señalar que el movimiento Honor Colorado se consolidó como la principal fuerza dentro de la ANR tras los resultados preliminares de las elecciones internas que definieron a los candidatos a intendencias en 263 distritos del país. El oficialismo logró la victoria en 239 distritos.
En tanto la disidencia ganó en 22 distritos distribuidos entre distintos sectores: Colorado Añetete (8), Fuerza Republicana (6) y Causa Republicana (2).
PLRA. En paralelo, el senador liberal Éver Villalba la semana pasada anunció que impulsará acciones ante las instancias partidarias y electorales para investigar supuestas irregularidades que, a su criterio, alteraron la voluntad de los afiliados.
Durante una conferencia de prensa, Villalba recordó que su sector reconoció desde el primer momento la victoria de Alcides Riveros en la disputa por la presidencia partidaria, aunque aclaró que ello no implica desistir de las denuncias sobre presuntas prácticas fraudulentas detectadas en distintos puntos del país.
El legislador apuntó especialmente a lo que calificó como un “cargatón” de votos en distritos donde existían listas de consenso y, por lo tanto, un menor control entre los sectores internos. Citó los casos de Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Isla Pucú e Itacurubí de la Cordillera, donde, según afirmó, se registraron porcentajes de participación que consideró inusualmente elevados.
“En teoría eran lugares donde iba a haber baja participación y aprovecharon esa situación para inflar los números”, sostuvo.
Villalba también denunció supuestas irregularidades en San Antonio, donde aseguró que representantes de su movimiento fueron impedidos de ocupar sus lugares como miembros de mesa. Según indicó, cuenta con filmaciones que evidenciarían la realización de votos asistidos irregulares y una carga masiva de sufragios que terminó generando una diferencia superior a los 6.000 votos a favor de la Lista 3.
A criterio del senador, las supuestas anomalías no solo incidieron en la elección de autoridades partidarias, sino también en la conformación del Directorio liberal. “Lo que hicieron fue cambiar la configuración del directorio, ingresaron personas que no tuvieron respaldo”, afirmó.
El senador liberal Dionisio Amarilla sostuvo que los resultados obtenidos por Alcides Riveros en las recientes elecciones internas generan interrogantes y consideró necesario esclarecer las denuncias planteadas por distintos sectores sobre el proceso electoral.
“De las nuevas autoridades del partido mucho no se espera”, manifestó el senador liberal.
Soledad pidió reforzar control
Representantes de la alianza opositora Juntos por Asunción, encabezados por la candidata a intendenta de la capital, Soledad Núñez, solicitaron al TSJE fortalecer los mecanismos de control de cara a las elecciones municipales de octubre.
Entre los planteamientos realizados figura el refuerzo de los controles sobre los electores habilitados, los votos emitidos, los certificados de votación y las actas electorales, con el objetivo de garantizar que cada sufragio corresponda efectivamente a un voto emitido por un elector habilitado. Los representantes de la alianza también pidieron una mayor difusión de las conductas que constituyen delitos electorales y pidieron que las autoridades insistan en la prohibición de prácticas que puedan alterar la voluntad popular.
