El estudio del proyecto sobre divorcio exprés fue profundizado en una audiencia pública ayer, por iniciativa de la senadora Lilian Samaniego, proyectista de la polémica iniciativa legislativa.
Quedó plasmada la opinión versada de varios profesionales del derecho, jueces y afectados con los rigurosos procesos para el divorcio, que se simplifica en una idea: abaratar los trámites para la separación conyugal, en especial para los sectores con menos recursos económicos.
Varias cuestiones se pusieron en discusión en torno al análisis del proyecto que modifica el artículo 5 de la Ley Nº 45/91, “Que establece el divorcio vincular del matrimonio”, que cuenta con el respaldo de nueve senadores de diferentes bancadas del oficialismo, la disidencia colorada y la oposición.
La senadora Samaniego sostuvo que el principal avance es buscar topear el costo para el divorcio, además de lo ya establecido en la modificación que busca que la publicación de la sentencia sea de menos de un mes y no de sesenta días.
“Las condiciones son: que sea de mutuo acuerdo, que no haya niños en conflicto y que no haya bienes gananciales. Esas son las condiciones. Si no se cumple con estas condiciones, no se aplica esta ley”, señaló la legisladora.
Explicó que el principal propósito “es que todos aquellos paraguayos y paraguayas que llevan años y que han, por mutuo acuerdo, resuelto desvincular su matrimonio, lo logren. Por el bienestar de sus hijos, de sus familias y, de esa forma, tengan su derecho consagrado de la libertad y de los derechos civiles que la Constitución les avala”.
Rechazó los discursos que ponen a la discusión de este proyecto como un enfrentamiento con la iglesia. En este sentido sostuvo que la sociedad conyugal así como el divorcio son parte del derecho civil. “Esto no se trata de un tema sacramental, es un tema de derecho civil que habla la CN, que habla de derechos y libertades de las personas”, defendió al tiempo de definirse como católica y una defensora de la familia.
Señaló que si bien hay sectores de la Iglesia que se oponen, ya socializó el proyecto con la jerarquía eclesial.
También refirió que halló apertura en el diálogo con el ministro de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón, dado que en última instancia será una propuesta que afecta al Poder Judicial.
En la audiencia se hizo énfasis en el costo, entre los que se anotó la diputada Johanna Ortega. Remarcó que no puede ser que salirse del contrato conyugal termine saliendo “cinco o seis veces más” que casarse.
De hecho, la jueza Vivian López manifestó que el valor para el divorcio que no está estipulado en la ley de 1991, se rige por lo que dicta otra normativa que data de mucho antes y estipula en 70 jornales mínimos, G. 7 millones aproximadamente.
Dijo que la modificación de una ley es producto de los cambios que experimenta la ciudadanía. “La sociedad cambia sin pedir permiso”, dijo.
La abogada Eliana Amarilla se mostró de acuerdo con “topear el proceso de divorcio”.
En este sentido se habla de G. 1.500.000 más o menos el valor de lo que se debe costear para el trámite, exceptuando tasas y aranceles judiciales que excluye la normativa.
Estadísticas muestran divorcios en trámite. De acuerdo con los datos expuestos por la proyectista, solo en el periodo 2022-2023, hubo más de 14 mil solicitudes, de las cuales más de 7 mil eran de mutuo acuerdo.
Además, en 2024 subió a 15 mil de vuelta. Hoy existen 18 mil pedidos que siguen en trámite, especificó.
El citado proyecto había sido postergado sine die en Senado.
