De hecho, anualmente con cada presidencia del Congreso, y en lo que implica un periodo de cinco años, se viene engrosando la lista de funcionarios tanto nombrados como contratados.
A esto se suman una serie de privilegios y el principal tiene que ver con el jugoso salario al que acceden mediante bonificaciones y aumentos.
Bajo la presidencia del cartista Basilio Bachi Núñez no se da una excepción, ya que apenas asumió como tal, en julio del año pasado, salieron a luz varias contrataciones.
Antes de ser electo, y sabiendo que aseguraba los votos a su favor, su discurso inicial era el de “ordenar la casa”, y eso incluyó una ampliación en el edificio del Congreso, en medio de la superpoblación que se viene arrastrando de años atrás.
Lo último que saltó tiene que ver con el acomodamiento en cargos de directores a personas que ni siquiera tienen título universitario.
A modo de ejemplo se puede mencionar una dirección de Recursos de la Información, que a su vez depende de una dirección general que es la de Ceremonial y Protocolo.
Dicho cargo está ocupado por Evelin Mabel González Amarilla, quien percibe G. 23.697.700, desde enero pasado, siendo bachiller.
Otra dirección llamativa es la de Convenios de la Biblioteca y Archivo Central, y está al frente con un salario similar a la anterior Luz Fabiola Cardozo Amarilla, quien tampoco cuenta con título universitario, de acuerdo con la planilla oficial del Senado.
Según este documento al que se puede acceder desde la página web de la Cámara Alta, el comparativo en cuanto a ingresos salariales demuestra variaciones.
Otra directora, en este caso de Talento Humano de la Biblioteca, Mariela Garcete de Segovia figura con grado académico de bachiller y un salario de G. 22.029.000.
Rechazo de informe. Hace casi 10 años en el Congreso se había ordenado una evaluación sobre la cantidad de funcionarios, salarios y funciones en el Senado y el Congreso, durante la presidencia del liberal Blas Llano.
Este informe arrojaba una serie de irregularidades y recomendaciones, y en ese entonces, un grupo de funcionarios habían pegado el grito al cielo y anunciaron que no estarían dispuestos a acatar los resultados del Centro de Adiestramiento en Servicio (CAES), el cual llevó adelante el proceso, que tuvo un costo de G. 550 millones.
Finalmente, no hubo ninguna repercusión, y contrariamente a lo recomendado, se mantienen las contrataciones y creaciones de cargos.
