La propuesta viene desde el propio seno del Partido Colorado y bajo patrocinio del cartismo en la Cámara Baja. Debido a que el debate no fue agotado, las comisiones que tenían a su cargo su estudio sugieren aplazar y establecer una mesa técnica.
En principio, en los puntos 1 y 2 del orden del día, en los que figuran los citados proyectos, que modifican artículos 64, 66 y 278 de la ley que establece el Código Electoral y con referencia a la inscripción en el padrón nacional, existe una mayoría oficialista que impondría sus números, pese al casi nulo debate.
En primer término, la propuesta sobre modificar las reglas del financiamiento político guarda relación solo con “las formas”, según el diputado cartista Hugo Meza.
No obstante, admite que se busca desdoblar en dos periodos bien diferenciados el proceso. “El primero destinado al reconocimiento de los movimientos internos y la individualización de sus representantes legales; y el otro, el de las inscripciones de candidaturas y su posterior oficialización”, refiere parte de la iniciativa.
“Con el reconocimiento de los movimientos por parte del organismo electoral de las nucleaciones políticas, en las elecciones para elegir a quienes van a representar a las mismas en las elecciones municipales, departamentales y nacionales, se podrá gestionar el identificador tributario, y posteriormente con este trámite cumplido la apertura de la cuenta única en entidad financiera”, se señala.
En este proyecto, representantes de la ANR en apariencia solo apuntarían a desburocratizar y acortar los trámites para apertura de cuenta y registros de la SET, como requisitos que contiene la Ley de Financiamiento. Es en el segundo proyecto, el de los plazos, donde advierten dudas.
Plazos ajustados. Ya la disidencia, a través de sus principales representantes, objetó los cambios. Si bien en el Senado, algunos exponentes de la disidencia –como Lilian Samaniego– vieron en la reducción de plazos para la inscripción una intención a medida del cartismo; el que fue más explícito fue el diputado Mauricio Espínola.
En su oposición, apuntó que “nuestra duda es que atropellen el TEP (Tribunal Electoral Partidario), ... nuestra objeción son los plazos”, advirtió el disidente.
Específicamente, se refirió al planteamiento de la reducción de plazos para la inscripción de candidaturas de 180 a 90 días.
En el mismo sentido, se manifestó el diputado liberal Diosnel Aguilera, en cuya Comisión de Reestructuración y Modernización del Estado no se dictaminó y recomendó dejar en manos de una mesa técnica con las autoridades este tema. Considera que se le confiere poderes al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en el ámbito de internas partidarias, puesto que el proyecto establece que durante ese plazo se realice un corte del padrón electoral.
“Particularmente, no estoy de acuerdo. Con el agregado presentado al artículo 130 se anula su efecto y se deja enteramente a cargo del TSJE definir los plazos”, fue la advertencia del mencionado diputado.
