Una molestia de los empresarios gráficos del país, y de otros sectores, es cómo ciertas empresas logran llamativamente siempre ganar las licitaciones de los entes públicos, y un caso específico es el último llamado del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para compra por casi G. 10.000 millones en boletines de voto a ser utilizados en los próximos comicios generales, el cual es cuestionado por la Asociación de Industriales Gráficos del Paraguay (AIGP) por varias irregularidades.
La licitación fue adjudicada a dos empresas, AGR SA y Servipress, ambos con largo historial de adjudicaciones en dicho ente y otros del Estado, la primera fue adjudicada con G. 5.967.900.000, y la segunda con G. 3.978.600.000.
En el caso de la empresa AGR SA Servicios Gráficos, cuyos representantes legales son Domingo Riquelme y Cristina Elizabeth Morel, la firma acumula un total de 21 adjudicaciones en los últimos siete años que suman el monto de G. 32.030.911.852.
En el caso de la empresa Servipress, cuyo representante legal es Eduardo Eulogio Verón Cardozo, obtuvo un total de 29 adjudicaciones que suman el total de G. 19.314.441.506.
Ambas firmas, además de lograr los mencionados contratos con la Justicia Electoral, también tienen una gran cantidad de licitaciones ganadas en los otros entes públicos, lo cual aumenta considerablemente el monto total de las adjudicaciones que tuvieron en los últimos siete años.
Protesta. La Asociación de Industriales Gráficos del Paraguay (AIGP) manifestó su preocupación por la última licitación dada para la compra de boletines de voto para las Elecciones Generales del 2018, por varias irregularidades detectadas, así como también los antecedentes dados en licitaciones anteriores.
El titular del gremio manifestó que hace dos semanas buscan reunirse con el presidente del TSJE, Jaime Bestard, pero que el mismo no les concede audiencia hasta hoy.
Agregó que harán un último intento de reunión para oír las explicaciones del TSJE respecto a lo que ellos ven como irregularidades, y que de no darse el encuentro, presentarán una nota formal al ente con copia a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para señalar los cuestionamientos.
Puntos oscuros. Uno de los principales cuestionamientos son los precios adjudicados, que cuestan el doble de lo pagado en el 2015, así como también que el llamado fue registrado como servicios técnicos, y que solo dos oferentes se presentaron, ambos adjudicados.
Recordaron que en una licitación anterior, también para boletines de votos, lograron anular la adjudicación que estaba alevosamente direccionada, ya que exigían en el pliego de bases y condiciones que la empresa esté ubicada en un radio cercano al TSJE, lo cual solo cumplía una.
