Un total de G. 3.020.195.211 fue depositado este martes al Ministerio de Hacienda desde Itaipú Binacional destinado a la lucha para frenar el Covid-19 en Paraguay.
Mediante un tuit, Gabriel Zorrilla, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Itaipú (Steibi), hizo público el documento y acotó en su publicación que “los empleados de la Itaipú siempre fueron solidarios”.
El funcionario dejó en claro que el dinero proviene de los fondos salariales de todos los funcionarios y que corresponde a una segunda donación encarada por empleados de la Binacional.
La Binacional conformó en marzo pasado un fondo con aportes voluntarios de gerentes, consejeros y directores, con los cuales se han distribuido 120.000 kilos de alimentos y productos de limpieza a familias vulnerables del Alto Paraná.
“Corresponde después de tanto atropello”, expresó Zorrilla ante las críticas por hacer pública la millonaria transferencia, refiriéndose a la polémica que se generó en torno a supuestas amenazas de parar la hidroeléctrica ante el eventual recorte salarial.
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Por esa intimidación fueron imputados Miguel Conrado Testti Pera, Javier Villalba Alcaraz, Luis Enrique Cadogan Piraggini, Luis Riveros y Elías Sócrates Vargas Velázquez por los hechos punibles contra el funcionamiento de instalaciones imprescindibles.
En aquel entonces, cinco de los nueve sindicatos de trabajadores manifestaron mediante una nota su rechazo al recorte de sueldos anunciado por el Gobierno para el sector público y las hidroeléctricas.
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Por otra parte, los gremios a favor de la medida, explicaron que la nota no fue consensuada y tampoco presentada a la Dirección, ya que cuatro de las organizaciones estaban en desacuerdo con parar la hidroeléctrica.
Testti, del Steibi, también objetó el contenido de la nota, asegurando que fue rechazada durante una sesión de la Junta Directiva de los sindicatos.
Aún queda pendiente por resolver las medidas que el juez aplicará a los imputados, dado que la convocatoria del pasado viernes fue suspendida.
En el marco de las acciones, los directores de ambas entidades habían dado luz verde al pedido formal de poner topes a los ingresos salariales de sus funcionarios que hizo el Gobierno Nacional.
Siendo así se estableció un tope salarial de G. 37 millonespara el el salvataje económico y el fortalecimiento del sistema de salud.
