Fuentes de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay descartaron que prospere la intención de dos senadores estadounidenses, uno del Partido Demócrata y otro del Republicano, de frenar la recientemente autorizada importación de carne paraguaya al mercado de ese país.
Desde la representación diplomática dijeron que el acuerdo logrado entre Estados Unidos y Paraguay -después de años de análisis para concretar la importación de carne y carne industrializada a este importante mercado–, tiene “cero chance de ser derogado”.
El planteamiento, realizado a través de un proyecto de ley, por los senadores Mike Rounds, del Partido Republicano, y Jon Tester, del Partido Demócrata, se basó en que la carne paraguaya puede representar un peligro para la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores estadounidenses.
Rounds y Tester ignoraron los numerosos testeos y análisis previos, y todos los pasos exigidos por el Departamento de Agricultura estadounidense que tuvo que cumplir Paraguay antes de que se aprobara la importación de la carne nacional para el exigente mercado norteamericano.
Exigen que el ingreso de carne a su territorio sea frenado a partir de la promulgación de la ley y hasta tanto se realice una nueva evaluación con la que se confirme que no existe ningún riesgo sanitario para los consumidores estadounidenses.
Entre tanto, Justin Tupper, presidente de la Asociación de Ganaderos de EEUU, celebró la propuesta de ambos parlamentarios y solicitó que se aplique la misma medida para la carne importada desde Brasil. Tupper basó su petición de cortar la compra de carne paraguaya en que la producción está ligada a la “corrupción gubernamental”, la “desforestación de ecosistemas críticos para sustentar la industria”, “la falta de transparencia” y “el uso de la práctica de trabajo forzoso en la producción” en Paraguay.
Entre tanto, José Carlos Martín, presidente del Servicio Nacional de Calidad Animal (Senacsa), ya había minimizado la petición de los representantes del Senado de Estados Unidos, alegando que solo se trata del lobby que realiza el sector ganadero de ese país. “El Congreso tiene la atribución de opinar, pero es el Departamento de Agricultura y el Ejecutivo son los que finalmente deciden”, adujo Martin.
