El Banco Central del Paraguay (BCP) publica mensualmente el índice de confianza del consumidor (ICC), una encuesta que mide cómo perciben los hogares paraguayos su situación económica actual y sus expectativas a futuro.
Combina dos dimensiones: el índice de situación económica (ISE), que refleja cómo está el bolsillo hoy, y el índice de expectativas económicas (IEE), que mide el optimismo sobre lo que viene. El resultado oscila entre 0 y 100; cuanto más cerca del 100, mayor la confianza.
Los datos de mayo de 2026 deben encender una luz de alerta. El ICC marcó 38,21 puntos, el valor más bajo de lo que va del año y uno de los más bajos desde que se implementó la medición en 2018. Para dimensionarlo: en abril de 2020, cuando nos encontrábamos en pleno confinamiento por la pandemia del Covid-19, el índice cayó a 37,8 puntos. La comparación no termina ahí. El promedio del ICC de los primeros cinco meses del corriente año es de 47,02 puntos, mientras que el promedio de todo el año 2020 fue de 46,86. Es decir, la confianza del consumidor paraguayo está hoy casi al mismo nivel que cuando el país estaba paralizado y sin certeza sobre el futuro inmediato.
¿Qué conclusiones puntuales se pueden sacar a partir de estas cifras? El ICC es el termómetro del malestar cotidiano de las familias paraguayas y los números de hoy nos indican que las familias sienten que su situación económica se deterioró y que llegar a fin de mes se volvió más difícil para una proporción creciente de la población. Es básicamente, una constatación empírica de la famosa frase: “La macro no llega a la micro”. En este contexto, el anuncio del presidente Santiago Peña de elevar el salario mínimo en un 5%, llevándolo de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 a partir del 1 de julio, adquiere una dimensión sociopolítica que va más allá del cálculo económico.
La normativa vigente, el artículo 255 del Código del Trabajo, establece que el reajuste del salario mínimo debe realizarse con base en la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC). Una posición establecida fue que, con una baja inflación interanual reportada, el reajuste sería de apenas unos G. 60.000. Esa brecha entre lo que manda la ley y lo que la gente reclama fue el eje central de un mes de negociaciones en el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) que al final concluyó sin acuerdo. El sector empresarial defendió aplicar estrictamente el IPC mientras que los sindicatos reclamaron entre el 20% y el 22,3%, argumentando una pérdida acumulada del poder adquisitivo que se remonta a décadas.
Peña, más que optar por un punto intermedio entre las partes, decidió mandar una señal clara cruzando un umbral simbólicamente relevante para la clase trabajadora: los tres millones de guaraníes. De hecho, el presidente justificó el aumento en términos explícitamente sociopolíticos: “La política pública tiene que enfocarse en el trabajador, porque le cuesta muchísimo llegar a fin de mes”. Anticipó que los empresarios “no van a estar de acuerdo”, y así fue.
El sector empresarial rechazó la medida, argumentando que los aumentos por encima de la productividad presionan los costos, pueden fomentar la informalidad laboral y afectan la competitividad del país. Desde el lado sindical, la recepción fue de decepción contenida. Los dirigentes obreros señalaron que el aumento es insuficiente y advirtieron que evaluarán nuevas acciones si el resultado final no responde a las expectativas del sector.
Independientemente de las posturas de conformidad o de insatisfacción con el aumento, el ICC de mayo nos recuerda que detrás de los indicadores macroeconómicos que muestran estabilidad hay una realidad: a las familias paraguayas les cuesta llegar a fin de mes. El aumento del 5% es una señal en la dirección correcta; ahora, el verdadero desafío es impulsar políticas públicas orientadas a traducir la estabilidad macroeconómica en bienestar cotidiano. Mientras eso no ocurra, el termómetro de la confianza del consumidor seguirá marcando fiebre.
