El 29 de junio, el Fondo Monetario Internacional publicó su declaración final sobre Paraguay. Leído con atención, el mensaje fue menos complaciente de lo que parece: El país conserva buenos fundamentos macroeconómicos, pero debe sincerar sus cuentas públicas.
La declaración corresponde a la consulta del Artículo IV, la revisión regular que el FMI realiza a sus países miembros. Como suele ocurrir, el lenguaje es diplomático. Pero esta vez el tono importa. No es un comunicado de alarma, pero tampoco una felicitación sin condiciones. El Fondo mantiene una evaluación favorable del crecimiento, la inflación y la estabilidad financiera, aunque introduce advertencias más precisas sobre gestión fiscal y transparencia.
La novedad no está en que el FMI recomiende prudencia. Eso lo hace siempre. La novedad está en donde pone el énfasis. Ya no habla solo de consolidar las cuentas o volver a la regla fiscal. Ahora insiste en registrar correctamente los atrasos, transparentar obligaciones pendientes, mejorar la contabilidad pública y publicar una estrategia para saldar esas deudas. Ese tipo de recomendación no aparece por rutina, sino cuando el problema fue identificado.
El comunicado está construido sobre una sucesión de “peros”. La economía crece, pero persisten riesgos climáticos y externos. La inflación está bajo control, pero la política monetaria debe seguir siendo prudente. El sistema financiero luce resistente, pero el rápido aumento del crédito de consumo exige vigilancia. El compromiso con la sostenibilidad fiscal se mantiene, pero antes hay que transparentar los atrasos internos y aceptar que el déficit será mayor durante ese proceso.
Ese último punto es el más relevante. El FMI toma nota de un cambio de escenario fiscal. Hasta hace poco, la discusión giraba en torno al regreso a la regla fiscal. Ahora el orden cambió. Primero hay que sincerar las cuentas; luego, discutir a qué ritmo se vuelve a la meta fiscal. De hecho, el Fondo proyecta que el retorno al déficit de 1,5% del PIB se daría recién en 2028. En los hechos, prefiere un déficit mayor, pero bien medido, antes que un cumplimiento formal basado en registros incompletos.
Y tiene sentido. Si un Gobierno posterga pagos para cumplir una meta, económicamente el déficit no desaparece. La factura sigue existiendo, aunque no aparezca plenamente en las estadísticas. Cumplir la regla fiscal acumulando obligaciones impagas puede dar apariencia de disciplina, pero deteriora la confianza en las cifras oficiales. Y cuando el mercado desconfía de las cuentas fiscales, el problema deja de ser contable y se vuelve político, financiero e institucional.
Por eso, la recomendación de “dar a conocer públicamente una estrategia para saldar los atrasos internos y reforzar la gestión de las finanzas públicas” debe leerse sin eufemismos. El Estado debe demostrar que sabe cuánto debe, desde cuándo lo debe, cuándo lo pagará y qué hará para que el problema no vuelva a repetirse.
Durante años, el país construyó credibilidad sobre reglas fiscales, deuda moderada y prudencia macroeconómica. Esa credibilidad ya no depende solo del nivel del déficit, sino de que las cifras reflejen fielmente todas las obligaciones del Estado. Es preferible reconocer un déficit algo mayor, pero transparente y consistente con la realidad, antes que exhibir un cumplimiento formal sostenido sobre pagos diferidos.
El comunicado del FMI no descubre el problema, lo oficializa. Con lenguaje diplomático, confirma lo que ya era evidente: Una regla fiscal solo sirve si las cuentas son completas y confiables.
