El proyecto de ley que crea la superintendencia de pensiones, presentado por el Poder Ejecutivo, está dando mucho que hablar. La propuesta será analizada el próximo miércoles por la Cámara de Senadores.
Para el ex titular de IPS Pedro Ferreira, “la propuesta resulta muy interesante”, siempre que esto sirva para iniciar un diálogo sobre las necesidades de los trabajadores con relación a tener jubilaciones dignas. Calificó la iniciativa como una oportunidad que tiene el Estado para recuperar la confianza de los trabajadores.
Por su parte, el representante de los obreros ante el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Víctor Insfrán, destacó la necesidad de contar con un ente regulador de las entidades previsionales, ya que esto permitirá contar con un sistema unificado y sin privilegios sectoriales.
Asimismo, dice que “es una victoria que la superintendencia no dependa del Banco Central del Paraguay”, como se pretendía inicialmente.
La inclusión, en el acuerdo, de plazos para iniciar el pago de la deuda histórica del Estado con IPS (USD 600 millones) y el retorno del 2,5% de los aportes que actualmente son destinados a Senepa y a Sinafocal, recursos que serán blindados para su uso exclusivo en fondos de salud, por cinco años, son otras “ventajas” destacadas.
Tanto Ferreira como Insfrán coinciden en que la posibilidad de diversificar las inversiones con fondos previsionales podría ser positiva para el sistema.
CRÍTICAS. Ferreira dijo que el proyecto no responde a una necesidad de los trabajadores o jubilados, sino más bien a compromisos y necesidades financieras del Estado. Al mismo tiempo, dice que se trata de un error político del Gobierno el pretender hacer creer que la iniciativa no partió del Ejecutivo.
Por otro lado, señala que es inconcebible que el IPS pueda adquirir bonos del Estado, siendo que este es su mayor deudor. Esto, con referencia a la deuda histórica con la previsional.
“Es alta la sospecha de que no es una superintendencia que busca beneficiar a los trabajadores, sino para obligar a las cajas a llevar el dinero a manos del Estado, que es el más moroso del sistema”, criticó.
Las restricciones a la autonomía de las cajas y cooperativas, la gobernanza similar o peor a la de IPS, así como la falta de resolución de problemas reales de los trabajadores –cálculos de beneficios, evasión de la patronal, jubilaciones no equitativas–, entre otros, también son cuestionadas por Ferreira.
Por su parte, Pedro Halley, de la Unión de Jubilados del Paraguay, asegura que, además de violar varios artículos de la Constitución, no se buscan resolver los problemas de fondo del sistema previsional. “El único propósito del Gobierno es el de poder disponer de forma discrecional de los fondos jubilatorios”, dijo.
