“El presidente prometió mucho, pero la mayoría no está mejor”

Rino Giret y Gabriela Martínez

Dionisio Borda es quizás uno de los que mejor conoce el camino que desembocó en el grado de inversión, calificación que la agencia Moody’s otorgó recientemente al Paraguay, ubicándolo en el selecto grupo de países que ostentan el menor riesgo crediticio. Del 2003 al 2005 inició la senda de la estabilidad macroeconómica como ministro de Hacienda del gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Y del 2008 al 2012 volvió a tomar las riendas de la conducción económica como ministro de Hacienda de Fernando Lugo. Tiempos y escenarios diferentes, pero con un mismo protagonista al que ÚH entrevistó con motivo del primer año de gobierno de Santiago Peña.

–¿Cuál es la evaluación que hace sobre la gestión económica del primer año de gobierno del presidente Santiago Peña?

–La situación macroeconómica luce muy positiva; se estima un crecimiento económico de 3,8% y una inflación de 4%, pero con un efecto derrame muy limitado que se traduce en un aumento del desempleo, con cerca de 200.000 personas sin trabajo en el segundo trimestre de este año, según los datos del INE.

Otro aspecto positivo es el aumento sostenido del ingreso tributario que permitiría cumplir con la convergencia de la regla fiscal de un déficit 2,6% del PIB. Además, la promulgación de tres leyes de reformas estructurales: la de superintendencia de jubilaciones y pensiones, la de administración pública del Estado, y la de creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), más el grado de inversión otorgado por la calificadora de riesgo Moody’s.

Sin embargo, no percibo un compromiso firme del Gobierno en el campo social. Es necesario aumentar sustancialmente el financiamiento de salud, educación, nutrición, seguridad social y en programas más específicos para combatir la extrema pobreza. Faltó también implementar acciones concretas para disminuir la alta informalidad del empleo (68% de la fuerza laboral), y la creciente indigencia de sectores indígena y pobladores de barrios marginales que luchan por su supervivencia en las calles.

–En definitiva, ¿cree que Peña cumplió con las expectativas de la gente en su primer año de gestión?

–El mismo Peña no está plenamente conforme con su gestión del primer año. El Presidente prometió mucho durante su campaña, pero la mayoría de nuestros compatriotas expresa que no está mejor en términos de empleo, ingresos monetarios y servicios públicos (salud, educación y seguridad). Sobre todo el contraste entre los allegados que reciben beneficios y una mayoría que demanda sus derechos básicos. Este sesgo provoca malestar ciudadano. Los dos primeros años son claves para realizar los cambios y lograr resultados, luego empieza la etapa electoral que complica la cancha.

–A su parecer, ¿cuál fue el peor error cometido y cuál fue el principal acierto?

–Aunque el objetivo sea bueno, su programa estrella Hambre Cero, que promulgó en 20 días, sin debates ni audiencias públicas, derogando de un plumazo una ley vigente, Fonacide, con la revuelta de las universidades públicas, fue muy apresurado y con muchas falencias en su etapa actual de implementación. El acierto fue obtener la calificación de grado de inversión, resultado de dos décadas de esfuerzo y el mérito de este Gobierno de intensos lobbies con las calificadoras de riesgo en Nueva York.

–El ministro de Economía dijo que sucesivos gobiernos aportaron para llegar al grado de inversión, pero que fue este Gobierno el que hizo el gol, ¿qué opina de eso?

–¡¡¡No coment!!!

–¿Cree que con el grado de inversión vendrán al país los grandes capitales a invertir y qué beneficios puede acarrear esa calificación?

–El grado de inversión es un logro positivo cuyo beneficio se reflejará principalmente a través del “sector financiero,” con tasas más bajas y plazos más ventajosos en los mercados de capital, que por el “sector real” o la captación de inversiones extranjeras directas (IED). Invertir en un país con reciente grado de inversión, pienso que un empresario extranjero observaría otras aristas para radicar su inversión de capital, como la vigencia plena del Estado de derecho, burocracia ágil y libre de corrupción, y fortaleza institucional que son flancos débiles de nuestro país. Tratando de contrarrestar el argumento de debilidad institucional que frena las IED, algunos mencionan el caso de las empresas Paracel y Atome, la primera una firma forestal en etapa de reforestación en Concepción y Amambay para futura planta de producción de celulosa y, la segunda, en etapa de estudio que se instalaría en Villeta para producción de fertilizantes verdes. Paraguay es uno de los países de la región con más bajo nivel de IED y no creo que demos un salto significativo tan pronto.

–¿Qué otros aspectos se deben mejorar en el corto plazo para garantizar que las inversiones se instalen acá?

–En el país siguen vigentes las fuertes restricciones en términos de inseguridad jurídica, debilidades institucionales, altos índices de corrupción e inseguridad física y muchas burocracias que ralentizan las gestiones empresariales. Además, el país necesita más inversiones en infraestructura, logística y sobre todo en capital humano (salud, educación, nutrición, seguridad social) para lograr una mano de obra calificada: El costo país para una empresa aparentemente es más barato, pero en la práctica, una firma asume más costos que devienen de las mencionadas falencias.

–¿Cree que la tensión diplomática con EEUU podría afectar la imagen país para los negocios o la venida de inversiones?

–Sin lugar a dudas. Disiento con la gente del Gobierno que pretende desacoplar la economía de la política. Esta última (política) transmite sus costos en forma directa a la economía, aquí y en cualquier otro país. Por una sanción a dos actores privados –una empresa y un político– se pone en peligro las relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno americano. No es poca cosa pedir la pronta salida de un embajador, que solo transmite las medidas tomadas por su gobierno, no contra el país, sino contra una empresa en falta y una persona sancionada por el departamento del Tesoro. El Gobierno cometió un error, una decisión impuesta desde la cúpula del poder del bloque dominante del partido oficialista.

–¿Qué impide que se produzca ese efecto derrame en la microeconomía y sea palpable la estabilidad macroeconómica?

–La estructura económica en nuestro país es muy desigual, con un coeficiente de Gini de distribución de ingresos de 0,45, uno de los más altos en la región. La gran mayoría de los trabajadores son cuentapropistas o están en las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto en el sector urbano como rural, con muy bajos ingresos y muy vulnerables a los cambios de precios de alimentos básicos, pasajes, gastos de bolsillo de la salud y educación, donde permea poco el efecto derrame del crecimiento económico y de la estabilidad macroeconómica. Por eso, necesitamos diversificar la producción y diseñar políticas focalizadas para llegar a los sectores vulnerables que no sienten los beneficios de la macroeconomía.

–El Gobierno de Peña empezó con ímpetu un proceso de reformas, pero hasta ahora siguen inconclusas y otras ni siquiera empezaron, ¿qué opina al respecto?

–Las reformas estructurales ya convertidas en leyes son la de superintendencia de jubilaciones y pensiones, y la de administración pública del Estado, cuya implantación sigue a un ritmo muy lento y sin mayores resultados visibles. Las reformas en espera de su remisión al Congreso son dos: la de creación del servicio civil, y la del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público o Caja Fiscal. Estas dos reformas pendientes son fundamentales para mejorar el sector público. La del servicio civil para poner freno a la injerencia política en el manejo de los funcionarios públicos, y la de la Caja Fiscal para corregir la inequidad del sistema de jubilaciones y recuperar su sostenibilidad financiera, cuyo creciente déficit operativo siguen pagando los contribuyentes. Me cuesta entender porqué tanto atraso en la presentación de los dos proyectos que apuntan a corregir la influencia partidaria en la esfera pública.

–El Gobierno se jacta del aumento de las recaudaciones tributarias, pero la deuda pública también sigue aumentando. ¿La fórmula de endeudarnos para invertir llega a su fin o hay que pensar en otro tipo de políticas?

–Es preocupante el crecimiento de la deuda pública; de enero a julio de 2024 el coeficiente de la deuda alcanza ya el 39, 3% del PIB y además el 83,5% está en dólares, representando un alto riesgo cambiario, con la actual creciente apreciación del dólar. No tenemos mucho margen para seguir aumentando la deuda. Estoy en desacuerdo con la engañosa afirmación de que nuestro país tiene el coeficiente de deuda más bajo de la región, pero olvidan mencionar que tenemos también la presión tributaria más baja de la región. Pienso que tiene que seguir aumentando la recaudación tributaria sin descartar el aumento impositivo y la eliminación de los gastos tributarios o excepciones, para financiar con recursos del Tesoro las inversiones de capital físico (obras públicas) y capital humano (salud, educación, nutrición, seguridad social) si pretendemos mejorar la productividad y la inclusión social.

–Algunos cuestionan al Gobierno por frenar las obras públicas, ¿qué piensa al respecto?

–La inversión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene una ejecución del 40% del plan financiero al séptimo mes del año, en parte responsabilidad del ministerio mencionado y en parte también del MEF, que tiene que calibrar sus gastos con sus ingresos para cumplir con el plan de convergencia de la regla fiscal de un déficit 2,6% del PIB. Pareciera ser que el Gobierno apuesta a las APP para las obras públicas (rutas y aeropuerto), por las limitaciones financieras del Tesoro.

–El sistema previsional es una bomba tiempo, ¿qué medidas sugiere para evitar un colapso?

–Espero que la reforma paramétrica de la Caja Fiscal avance pronto y que el siguiente año el esfuerzo del Gobierno se centre en la reforma del sistema de jubilaciones del sector privado, específicamente del Instituto de Previsión Social, que ha llegado a su límite, tanto en el área de salud como en el área financiera. La situación actual es alarmante y puede llegar a ser catastrófica, paradójicamente con una cobertura tan solo del 20% de la fuerza laboral (el promedio de la región es 60%). El gran desafío es por partida doble: evitar la crisis previsional y aumentar la cobertura de jubilaciones al resto de la fuerza laboral.