Siguen llegando las presuntas víctimas a la Fiscalía de Ñemby y se estima que serían un centenar de personas las que habían sido estafadas por dueños de una playa de vehículos que, al parecer, operaban con un juez de paz de Chaco’i, Nueva Asunción, y sus funcionarios judiciales.
Hasta ayer a la mañana se reportaron al menos 68 víctimas que adquirieron vehículos en la concesionaria Complejo Steven Automotores y que después se les ordenó el secuestro, sin motivo alguno.
Con el transcurrir de las horas, más denunciantes llegaban y otros llamaban a la Fiscalía a reportar que también eran víctimas del esquema.
Hasta el momento, hay siete personas imputadas por la fiscala Lourdes Bobadilla, quien en los últimos días llevó adelante una serie de allanamientos, donde encontraron las irregularidades con las que operaban.
ESQUEMA. Denis Steven Bareiro (presunto líder del esquema), Marcelo Mereles Medina, Carlos Bareiro Benítez, Reinaldo Bordón Duisit (ujier), Jorge Franco Garelik (juez de paz), Carlos Yrala Fernández (oficial de Justicia) y Gabriela Noemí Gaona (actuaria judicial) se encuentran involucrados.
Según las investigaciones, desde el 2022 hasta este año los propietarios de la playa de autos Complejo Steven Automotores vendieron vehículos a varios clientes, “que con la esperanza de adquirir su rodado han caído en engaño”, dice parte de la imputación.
“Lo que no esperaban” era que en el momento en que firmaban contrato, también firmaban una adenda consistente en una dación en pago, donde decía que “ante el incumplimiento mínimo, se comprometían a devolver el rodado”.
Y justamente, la concesionaria entregaba ese documento al juez y a sus funcionarios, ante el mínimo atraso de las cuotas por parte de los compradores. El juez, entonces, ya emitía la orden de secuestro del vehículo y a los clientes así se les iba despojando de sus rodados, donde fuera que estén, ya que, además, la playa de autos ponía GPS a todos los autos para rastrearlos.
Una vez que se hacía efectivo el secuestro, las víctimas “perdían la entrega de dinero, las cuotas pagadas y el rodado”, dice la fiscala en su imputación.
Operaban específicamente tres grupos, según las investigaciones. Por un lado, “el grupo criminal liderado principalmente por Denis Steven Bareiro, dueño de la playa de autos, y, por el otro, el grupo liderado por el magistrado Jorge Franco Garelik, juez de paz”.
Por último, está el grupo integrado por Carlos Yrala, “quien se encargaba de promover las demandas y ser (a la par) el oficial de Justicia al momento del secuestro de los vehículos”.
Esta “organización criminal”, como sospecha la Fiscalía, estableció un esquema de venta de automóviles por contrato privado y pagos en cuotas, “con la intención de volver a recuperar lo vendido”.
Si los clientes se atrasaban en el pago unos días, incluso la primera cuota, ya “iniciaban un juicio por incumplimiento de contrato y medida cautelar de urgencia”, en el Juzgado de Chaco’i, que según evidencias, era aliado.
En uno de los casos, pidieron a una mujer entregar G. 17 millones más para devolverle su vehículo secuestrado.
EXPEDIENTES PERDIDOS. En los últimos allanamientos, la fiscala Bobadilla se incautó de una serie de documentos y expedientes sobre los juicios que se abrieron en contra de las víctimas.
Se encontraron que se habría dado cumplimiento a los mandamientos de secuestros de vehículos, que se firmaron de manera irregular.
El fin, al parecer, era obtener un beneficio económico, creando expedientes judiciales con procesos sin cumplir lo que establece la ley.
Piden desafuero
La fiscala Lourdes Bobadilla imputó al juez Jorge Franco Garelik, juez de Paz de Chaco’i, Nueva Asunción, por el hecho punible contra el ejercicio de las funciones públicas, prevaricato y asociación criminal.
La agente ya solicitó al juez penal que remita los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para que disponga el desafuero.
También solicitó como medidas cautelares el arresto domiciliario, fianza real, la obligación de presentarse ante el juzgado y la prohibición de salir del país.
