Ambos jueces fueron denunciados ante el JEM, tras confirmar una auditoría de la Superintendencia de la Corte a sus juzgados graves irregularidades que los vincularían a una rosca conocida como la mafia de los pagarés.
Recientemente, el pleno de la Corte Suprema de Justicia dispuso la suspensión sin goce de sueldo de las otras dos juezas que fueron ligadas al esquema de la mafia de pagarés. Ambas ya fueron enjuiciadas por el JEM.
Se trata de la jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils, y de la ahora ex jueza de Paz de San Roque, Liliana González de Bristot, quien, al conocer la resolución de la Corte, presentó su renuncia al cargo.
UNA MAFIA. En la causa se investiga un esquema perverso de doble y hasta triple cobro de supuestas deudas, con embargos y descuentos compulsivos a asalariados, mediante juicios ejecutorios que eran iniciados con pagarés ya cancelados o de contenido falso.
Este lado podrido de la Justicia (ya que involucra necesariamente a juzgados de Paz, ujieres y jueces), tiene infinidad de tretas, algunas hasta groseras, como ser el mismo ujier notificando en dos o tres ciudades en el mismo momento. También es tan masivo que ya ha dejado centenares de víctimas inocentes, la mayoría gente trabajadora, asalariada y jubilada, que se encuentran indefensas ante este esquema.
Sin embargo, a pesar de sus lamentos permanentes frente al Poder Judicial, hasta la fecha el presidente de la Corte no ha recibido a las víctimas, darles palabras de esperanza y hacerles ver que les importa la gravedad del caso.
OTRAS MEDIDAS. Los ministros de la Corte también suspendieron los plazos procesales en los Juzgados de Paz de La Catedral, en ambos turnos, La Encarnación, San Roque y La Recoleta, hasta el 14 de marzo próximo. Días atrás, todos estos juzgados fueron allanados por una comitiva fiscal encabezada por el agente Irán Suárez, en la investigación de denuncias de víctimas de la mafia de los pagarés.
auditorÍas. El equipo fiscal ya tiene las irregularidades encontradas en la auditoría iniciada por la Corte.
Uno de los puntos más llamativos es que 57 expedientes tenían una sola firma, sin el sello identificatorio, entre otras irregularidades. Además, en diez expedientes se constataron que las providencias no están fechadas.
