El proyecto contempla reformas en el sistema judicial al que se deben amparar las víctimas, así como la inclusión en el código penal del femicidio como agravante del homicidio, y define el acoso callejero, cuyo combate debe estar bajo la égida de los Gobiernos locales.
Según la ministra, la tentativa de norma aprobada en la reunión de esta mañana del Consejo de Ministros para su envío al Senado es fruto del “trabajo serio y documentado por desnudar el tema de la violencia basada en género” (VBG), con amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno, y otros actores públicos, como la Fiscalía y el Poder Judicial.
Arismendi estuvo acompañada por la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mariella Mazzotti, quien catalogó al proyecto de ley como “un enorme avance que se abre al debate parlamentario”.
“Es una síntesis de lo que la sociedad uruguaya considera que debe ser una respuesta integral respetuosa de los derechos humanos, que dignifica a las mujeres y a los varones, porque el cambio sociocultural impacta a ambos y la consecuencia de la VBG tiene altas consecuencias negativas en mujeres y varones”, dijo Mazzotti.
El diseño de norma, que a partir de ahora estará sometido a la consideración del Parlamento, tiene más de cien artículos que definen la VBG, los derechos de las personas que la sufren, así como los lineamientos de políticas públicas para combatirla.
Entre los principales puntos, el proyecto propone la creación de juzgados “multimateria” para tratar tanto los asuntos penales como los civiles emanados de casos de VBG, para evitar la “revictimización” de las mujeres sometidas a este fenómeno, que actualmente deben atravesar dos procesos judiciales separados.
“Conceptualmente el Poder Judicial considera que es posible e interesante avanzar en este sentido. Están de acuerdo con que el proyecto de ley incorpore (este tipo de juzgados). Obviamente, serán consultados en el debate parlamentario”, dijo la directora de Inmujeres.
Asimismo, explicó que el actual sistema judicial “necesitará una reorganización que será llevada adelante una vez que se apruebe la ley”.
El esbozo de norma también define el acoso sexual callejero, para dar herramientas a los Gobiernos locales, competentes por este asunto, para elaborar políticas públicas contra esta problemática y dar pie a “un trabajo interinstitucional”.
Aunque no están previstas medidas para profundizar las penas por femicidio, el proyecto citado insta a incorporarlo al código penal como “un homicidio especialmente agravado que tiene características específicas y que tiene que ser identificado como un homicidio específico dentro de los especialmente agravados”, subrayó Mazzotti.
Los avances en representación de las mujeres en cargos electivos y decisión, un ámbito en el que el país presenta importantes rezagos, no son el objeto de esta ley, que sin embargo define la violencia política, “una dimensión de la violencia pocas veces visibilizada”.
Esta consiste en las acciones realizadas por personas para “impedir o restringir el libre ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su violencia de sus principios o de la ley”, dijo la directora del Inmujeres.
